El presidente Mauricio Macri ordenó a funcionarios y operadores políticos presionar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia para forzarlos a avalar el tarifazo de manera retroactiva. Algunos supremos le dejaron en claro al Ejecutivo informalmente hace varios días que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un ajuste sin antes haber convocado a audiencias públicas. Eso significa que Macri podría aumentar las tarifas el porcentaje que considere necesario, pero después de realizar las audiencias. Por lo tanto, los nuevos precios entrarían en vigencia desde ese momento y no de manera retroactiva. Sin embargo, el presidente se niega a aceptar esa posibilidad y ordenó hacer todo lo que haga falta para que los jueces cambien de opinión. Lo sorprendente es que el oficialismo no busca rebatir la posición de la Corte con argumentos jurídicos sino con una inédita presión política que incluye la amenaza de abrir el camino a viejas denuncias en contra de los magistrados.

La Cámara Federal de La Plata confirmó el jueves 4 de agosto que el tarifazo seguiría suspendido hasta que la Corte dicte un fallo sobre el tema. Desde el máximo tribunal dejaron trascender que la solución tenía que ser política. Fue una manera elegante de dejarle en claro al gobierno que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un aumento en los términos en que se lo estaban pidiendo. Mauricio Macri y varios de sus funcionarios se reunieron ese mismo jueves y evaluaron distintas alternativas hasta que se impuso la idea de realizar una “audiencia informativa ad hoc” para tratar de salvar el tarifazo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue el encargado de defender la propuesta públicamente el lunes, pero los argumentos fueron muy precarios porque el ministro dejó en claro que no estaban dispuestos a respetar los plazos que establece el reglamento de audiencias ni a garantizar el acceso previo a toda la información que se requiere para participar de un encuentro de esas características. Además, confirmó que el objetivo de esa audiencia era convalidar el tarifazo con carácter retroactivo. Las críticas se multiplicaron rápidamente y en el gobierno se dieron cuenta de que ese simulacro no serviría para cumplir su objetivo. Por lo tanto, apenas cuatro días después decidieron descartar la convocatoria y redoblar la presión sobre los magistrados para forzarlos a rever su posición.

Desde el Gobierno se afirma que la presión consiste en sumar apoyos políticos para mostrarle a la Corte Suprema el creciente respaldo que tiene el tarifazo. El pedido a los gobernadores para que reivindiquen la necesidad de ajustar los precios de luz y gas y la convocatoria a los ex secretarios de energía para negociar un Acuerdo Federal Energético forma parte de esa curiosa estrategia que suma argumentos económicos y políticos como si la resolución del tema estuviera en el Congreso en lugar de en Tribunales. Sin embargo, esa es sólo la cara visible de la jugada. La presión a los jueces supremos también incluye una serie de insinuaciones sobre cómo se les podría complicar su futuro si deciden ir en contra de la voluntad presidencial.

A Elena Highton de Nolasco le transmitieron que si su deseo es continuar en el máximo tribunal lo mejor que podría hacer es avalar el tarifazo. El viernes incluso esa amenaza oficial salió publicada en el diario Clarín, aunque planteada de manera inversa para cuidar las formas: “Highton de Nolasco no transmitió demasiado (sobre cuál será su voto), pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que alimentó las especulaciones de que podría votar a favor”, dice el artículo, como si votar en contra pudiera poner en riesgo esa continuidad.

Lo que la magistrada decida votar sobre el tema tarifas no debería condicionar su futuro, pero en los hechos el gobierno deja traslucir que eso puede ocurrir. Para convencerla de esa causalidad, en la Casa Rosada se encargan de recordar que hace apenas tres meses Highton fue denunciada penalmente por haber nombrado en una secretaría judicial de la Corte a su hija Elena Cristina Nolasco Highton. La denuncia fue presentada el 9 de mayo por el abogado Patricio Kingston y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, justamente a cargo del juez Claudio Bonadio. “Elenita”, como se la conoce en Tribunales, donde durante diez años se desempeñó como secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti, asumió en diciembre al frente de la flamante “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema”.

La Corte evaluó en su momento que al no tener dependencia funcional directa de la madre, no estaba comprendida en la prohibición de nombramiento de parientes. Y cerca de la jueza ahora lo recuerdan con fastidio por las acusaciones. Sin tomarlo en cuenta, en la denuncia se asegura que mientras estuvo bajo las órdenes de Lorenzetti no había incompatibilidad, pero ahora, “por ser secretaria judicial de la Corte, depende funcionalmente en forma directa del pleno del tribunal”, el que incluye a su propia madre. El texto plantea además que el Decreto-Ley 1285/58 estableció la prohibición de que los jueces nombren a parientes directos como secretarios o prosecretarios, también contemplado en el Reglamento de Justicia Nacional. Con ese argumento, la acusación contra Highton no se privó de calificaciones ofensivas que ahora son subrayadas en los despachos oficiales. “El nombramiento de Elena Nolasco Highton (…) constituye un acto de corrupción bajo la forma conocida como ‘nepotismo’, y debe ser investigado y sancionado”, concluye el texto, en el que no sólo se denuncia a Highton de Nolasco sino también a Ricardo Lorenzetti y a Juan Carlos Maqueda. En base a ello, en el Gobierno se esperanzan con que ese expediente podría servir para incomodar a tres de los cuatro miembros de la Corte.

A Lorenzetti, además, desde el Gobierno lo presionan con la posibilidad de soltarle la correa definitivamente a Elisa Carrió para que vaya detrás de él. La diputada de la alianza Cambiemos hace tiempo que tiene en la mira al presidente del máximo tribunal, a quien llegó a definir como “el capomafia de Rafaela”. En enero lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y omisiones en su declaración jurada y en la del secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, otro santafecino que antes fue contador del propio Lorenzetti. Si bien el juez federal Sebastián Ramos desestimó la existencia de delito en marzo, la legisladora no se dio por vencida y a fines de mayo aseguró que está redactando el pedido de juicio político “por mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” y que lo presentará en la Cámara de Diputados.

En el Gobierno buscan que esa espada de Damocles lleve al presidente del máximo tribunal a validar el tarifazo sin necesidad de que haya audiencias. De hecho, así se lo habría manifestado el presidente Mauricio Macri en una serie de reuniones reservadas que mantuvieron en las últimas semanas. La última tuvo lugar el martes 12 de julio en la Casa Rosada, encuentro que fue confirmado por el gobierno, aunque los voceros habituales del oficialismo se negaron a dar detalles sobre lo que se conversó en esa cita. La apuesta del oficialismo es que Lorenzetti haga valer como jurisprudencia el fallo Soldano dictado por la Corte el 15 de julio de 2014, donde se convalidó que no es necesario hacer audiencia pública para el cobro de cargos específicos destinados a obras de infraestructura porque, aun cuando pudieran tener naturaleza tarifaria, no remuneran la prestación del servicio sino justamente obras de infraestructura. La intención es que el tribunal recurra a ese andamiaje jurídico, de dudosa aplicación en este caso, para autorizar la suba del precio del gas en boca de pozo y de la energía eléctrica en generación sin que haya necesidad de audiencias, porque la ley no expresa “de modo taxativo” que haya que convocarlas, aunque la suba de precios termine impactando en la tarifa del usuario.

Más dudas genera en el Ejecutivo la posición que tomará el juez Horacio Rosatti, quien habría planteado algunos reparos jurídicos, lo que rápidamente llevó a que el Gobierno lo tildara de “duro” solo por manifestar su inquietud. En su caso no puede haber carpetazos dando vueltas. Por un lado, porque para el propio Gobierno sería difícil justificar una denuncia ya que el juez asumió en junio por sugerencia del Ejecutivo y al defender su pliego en el Senado el bloque oficialista se encargó de asegurar y reasegurar su honestidad. Por otro lado, más allá de lo que termine votando Rosatti, en el PRO están confiados en poder obtener un resultado favorable a partir de lo que decidan los otros magistrados.

Por último, aseguran que tienen un as en la manga si es que la Corte no resuelve el jueves próximo porque termina habiendo un empate. El juez Carlos Rosenkrantz ya fue nombrado miembro del máximo tribunal, pero todavía no asumió. Inicialmente estaba previsto que lo haga el lunes 29 de agosto, fecha del fallecimiento del jurista y filósofo Carlos Nino, uno de sus referentes, pero el viernes por la mañana trascendió que podría llegar a jurar el martes con el objetivo de que el jueves vote a favor de los aumentos, lo que hubiera constituido una movida política inédita y escandalosa. Finalmente, esa operación quedó desactivada, pero asumirá una semana antes, el lunes 22. Desde el oficialismo, ya se dejó trascender que el quinto supremo, quien el viernes apareció por el Palacio de Tribunales, se estuvo interiorizando sobre el tema tarifas y en caso de ser necesario votaría en línea con el gobierno.