El abogado Leonardo Martínez Herrero le entregó al juez federal Ariel Lijo el "informe de transparencia" de SUMA, la fundación que preside Gabriela Michetti, que indica que en 2014 "se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP".

El denunciante precisó que sólo a fines de julio SUMA se registró como "empleador", por lo que consideró que "mal pudieron haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber existido estaban completamente en negro".

El viernes pasado, el fiscal Guillermo Marijuán le recomendó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación sobre el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban en la casa de la vicepresidenta y que fueron robados el año pasado, en la noche en que Mauricio Macri ganaba el balotaje presidencial.

Michetti había dicho que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, la fundación que preside. También aseguró que otros 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un post-grado de su hijo.

Martínez Herrero adjuntó al expediente una investigación de la que se desprende que SUMA "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida" y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron "ser sometidas a controles por parte del Estado".

El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y "las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti".