La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó que Belén, la joven condenado por "homocidio" tras tener un aborto espontáneo, sea puesta en libertad en consonancia con el pedido del procurador general provincial Edmundo Jiménez y frente a las críticas de decenas de organizaciones políticas y sociales y hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El fallo ocurre tras las masivas marchas replicadas en decenes de ciudades argentinas con epicentro en la capital de Tucumán convocada por la Mesa #LibertadParaBelén. La joven de 27 años permanecía detenida desde marzo de 2014, cuando asistió a la guardia del hospital Avellaneda con fuertes dolores estomacales y desconociendo que estaba embarazada, pero fue acusada de matar a su hijo recién nacido.

El fallo de la Corte tucumana difundido esta tarde lleva la firma de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, que hicieron lugar a los dos dictámenes de Edmundo Jiménez, procurador general provincial, quien había recomendado dejar sin efecto la prisión preventiva contra la mujer por considerarla "inmotivada". De todas maneras, según fuentes judiciales, la sentencia de la Corte mantiene en estudio la cuestión de fondo respecto de la condena a 8 años contra Belén.

Belén fue condenada en primera instancia por homicidio agravado por el vínculo, pero durante el proceso no se pudo demostrar la relación entre ella y el feto por el que se la acusó de homicidio, ya que nunca se realizó un estudio de ADN para cotejarlo.

Cuando el caso se hizo público, se conformó la Mesa para la Libertad de Belén, compuesta por 40 organizaciones de un arco político variado, mientras que a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120 mil firmas que respaldaron el pedido de libertad.

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales exigieron que "se tomen medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de derechos humanos".

Ante las masivas movilizaciones de la semana pasada, los jueces que condenaron a la joven Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Fabián Fradejas justificaron su decisión y aseguraron que aplicaron "la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en el caso de la jujeña Romina Tejerina", dando por válida toda la prueba presentada en la causa contra Belén, algo que fue descartado por el ministro fiscal Jiménez.