Comodoro Py dobla la apuesta contra Cristina Fernández de Kirchner y parte de su gobierno. Esta vez, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron su indagatoria por defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública, ya que consideran que tanto su gestión como (antes) la de Néstor Kirchner, montaron una “estructura funcional” destinada a favorecer a Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz y que él luego les habría garantizado “ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, según dice el dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini. Los fiscales también piden indagar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López al ex director de Vialidad Nelson Periotti, a Báez y a su hijo Martín, entre los nombres de una lista de treinta y cuatro. La movida judicial-política viene siendo anunciada desde hace un mes por quienes protagonizan la ofensiva contra la ex mandataria. Se utiliza, por ejemplo, el argumento de que a Santa Cruz se le adjudicó el 11 por ciento de las obras viales, cuando esa provincia abarca el 9 por ciento de la superficie del país, es decir que no hay desproporción. Además, gran parte de los presupuestos fueron para dos obras clave: la ruta 40 por la cordillera y la ruta 3 hasta Tierra del Fuego. Se menciona que lo adjudicado a empresas de Báez suma unos 16.000 millones de pesos, lo que habría motivado una coima que el empresario les pagaba a los Kirchner a través de alquileres del hotel Alto Calafate y de otras oficinas. La suma de esos alquileres no pasa de 30 millones de pesos, menos del 0,2 por ciento (cuando los acusadores siempre hablaron de coimas altísimas), y que según la defensa de CFK se corresponde con los precios de mercado de los alquileres de ese hotel y las oficinas.

El origen de esta causa se remonta al año 2008, cuando Elisa Carrió denunció una supuesta asociación ilícita vinculada con la obra pública, en la que involucraba al ex presidente Kirchner, De Vido, Báez y Cristóbal López, entre otros. El expediente quedó ahí, nunca nadie fue citado a indagatoria y con los años se fue inflando con la suma de otras denuncias que aluden a negocios petroleros, un fideicomiso con Venezuela, compra de vagones con supuestos sobreprecios y beneficios impositivos, entre otras cosas. Pero el dictamen de Pollicita y Mahiques se focaliza en las obras públicas viales de Santa Cruz. Afirman que hubo una “asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales” adjudicada en la provincia (de 2003 a 2015) y eso representó “una contratación a favor de Lázaro Báez por más de 16 mil millones de pesos”. Su teoría es que, a cambio, el empresario “les garantizaba” a los Kirchner “ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”. Los fiscales dicen que es el paso previo al lavado de dinero. Hasta ahora, sin embargo, los contratos de Hotesur que figuran en la causa son por 10 millones de pesos, una cifra bastante inferior.

Quienes manejaron la obra pública afirman que la gran parte de las obras en las provincias las controlan las propias provincias a través de la Dirección Provincial de Vialidad. El presupuesto de la obra sí lo determina Vialidad Nacional, pero luego la licitación y el control lo ejecuta la provincia. También aseguran que no es fácil construir una ruta con vientos de 60 kilómetros por hora: requiere de obreros especializados y la construcción de campamentos muy costosos. Eso hacía que no hubiera muchas empresas que pelearan por aquellas, aunque siempre se hicieron licitaciones y se planteaban competencias de precios. Báez llevaba las de ganar porque tenía el personal y las máquinas para construir en condiciones extremas.

Hasta el momento, judicialmente, nunca se demostró la existencia de sobreprecios y los ex funcionarios sostienen que, a diferencia de lo que se difunden, los informes de la Auditoría y de Vialidad actuales –alineados con el macrismo– sólo plantean polémicas, pero no exhiben ninguna evidencia.

Según el dictamen de los fiscales, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Báez era un bancario monotributista, pero a partir de entonces se convirtió en un empresario de la construcción. Fundó primero Austral construcciones y luego adquirió otras constructoras (Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto SRL , Gotti Hermanos y Adelmo Bancalari). Los fiscales hablan de él como “el amigo personal” de los Kirchner, a quien decidieron erigir en “empresario” y favorecerlo para “apropiarse de fundos públicos”. Dicen que Néstor y Cristina Kirchner “eligieron Santa Cruz como destinataria de las mayores inversiones en obra pública vial en desmedro de las restantes” (los fiscales dicen la provincia tenía el 11,2 por ciento de todo el presupuesto de obras viales, el equivalente a lo que recibieron ocho provincias, aunque está en línea con la proporción de su territorio), eludieron recomendaciones de la Auditoría General de la Nación, y “exportaron” a un grupo de funcionarios de confianza de la provincia para “que infielmente administraran junto a ellos los fondos de la administración pública”.

Administración infiel en perjuicio del Estado es el delito en el que hacen eje los fiscales Pollicita y Mahiques, y explican que es una figura que solo exige demostrar que quien tiene bienes o intereses pecuniarios ajenos a su cargo cause un perjuicio por tratar de lograr un lucro para sí o para otros. La otra figura es negociaciones incompatibles con la función pública.

La proliferación de imputaciones dentro de los tribunales federales contra Cristina Fernández de Kirchner, De Vido, López y otros ex funcionarios, encuadra en las directivas de la Sala II de la Cámara Federal, que lidera la ofensiva jurídico-política contra CFK, y que en una de sus últimas resoluciones sobre la causa de lavado contra Báez dijo que los investigadores debían estar atentos a las causas que tramitan en otros juzgados y fiscalías. Pollicita y Mahiques lo toman al pie de la letra y en un punto hablan de una “matriz de corrupción” que conectan no sólo con Hotesur sino con la causa conocida como Los Sauces (sobre alquiler de inmuebles, a cargo de Bonadio), “la ruta del dinero K” (sic) que es como llaman –como si fuera un título del diario Clarín– a la causa contra Báez por lavado (a cargo de Sebastián Casanello), y la causa de enriquecimiento contra López, que lo llevó a la cárcel por dejar plata en un convento (el juez es Daniel Rafecas). Hoy en la Sala II se combina la vieja escudería relacionada con el radicalismo y el espía Jaime Stiuso en alianza con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El combo está en una feroz ofensiva contra la ex presidenta. Para redondear, el fiscal Pollicita fue integrante de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente de la institución y, además, fue designado por Macri en la Comisión Electoral del club. Hasta el momento no hay una auditoría, con peritos de la acusación y la defensa, que haya certificado como corresponde la existencia o no de irregularidades.

En la causa de la obra pública, los fiscales puntualizan que hubo “un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones” a las que dicen que asistían principalmente las empresas de Báez; “un proceso generalizado de falta de seguimiento y control del grupo Báez que permitía el incumplimiento del contrato y la concesión de sucesivas prórrogas que aumentaban su valor vigente”; “un canal de sobreprecios que quedó evidenciado en las obras adjudicadas en la ruta Nacional 3 de las que se relevó un aumento del valor de 64,72 por ciento”; “un sistema de calificaciones de obra a medida que permitía cobrar avances de obra que en la práctica no existían”. Por ejemplo, dicen que la demora en el pago de certificados de obra era de 34 días promedio para Báez, mientas para el resto de las constructoras, mínimo 73 y hasta 231 días. Todos los datos surgen de informes realizados por los actuales funcionarios y son desmentidos por los anteriores.

También surge de esos mismos estudios realizados por la estructura macrista que de 49 obras viales analizadas solo dos fueron terminadas en el plazo pactado y menos de la mitad está concluida. De 30 obras que recibió Austral, afirma, 16 siguen en ejecución.

Acerca del beneficio que habrían recibido los Kirchner, el documento de los fiscales dice que “lo más relevante” es el “alquiler hotelero” a través de la empresa “Valle Mitre” realizó sobre “los hoteles Alto Calafate, las Dunas y Aldea Chaltén lo que reportó a la familia presidencial ingresos millonarios. Como muestra dicen que entre 2008 y 2013 Báez pagó a la familia Kirchner un canon de alquiler y explotación del Alto Calafate cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos. Según la familia Kirchner, se trata de alquileres a valores de mercado. Por ejemplo cada habitación de el Alto Calafate se cotizaba a 136 pesos por noche, un valor razonable según los operadores turísticos. Pero, además, el propio juez Ercolini sostuvo en un fallo que no se podía considerar que los valores estuvieran fuera de mercado por las características propias de la actividad hotelera.