El gobierno turco ordenó hoy la liberación de más de 38.000 presos comunes en busca de hacer lugar en las cárceles para los más de 20.000 detenidos en relación con el fallido golpe de Estado del mes pasado.

Las represalias contra los simpatizantes de Fethulah Gülen, a quien el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señala como instigador de la intentona golpista, continúan multiplicándose en un escenario en el que además el gobierno volvió a avanzar contra la minoría kurda, con la detención de 24 personas, entre ellos periodistas y simpatizantes del periódico prokurdo Ozgür Gündem, clausurado ayer por las autoridades.

Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, Ankara modificó dos artículos en la ley penal para permitir la salida de los presos, según explicó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una serie de 19 mensajes de su cuenta personal en la red social de microblogging Twitter, medida que abarcaría unos 35.000 reclusos.

La nueva modalidad extiende de uno a dos años el periodo de condena residual necesario para que un recluso pueda beneficiarse de la libertad condicional y reduce de dos tercios a la mitad de la condena el cumplimiento para acceder a la liberación anticipada, según señala la agencia de noticias EFE.

La medida excluye a todos los reos de una decena de delitos como homicidio premeditado, agresión con resultado de heridas graves a familiares o discapacitados, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado, y finalmente todos los juzgados bajo la ley antiterrorista. Además, sólo se puede aplicar a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, concretó Bozdag.

El decreto responde a la necesidad de hacer lugar en las ya atiborradas cárceles del país euroasiático, que necesita ubicar a las más de 23.000 personas arrestadas a consecuencia del fallido golpe de Estado.

La ola de detenciones por el golpe frustrado del 15 de julio, en la que inicialmente fueron arrestadas 35.000 personas, de las cuales 17.000 permanecen con prisión preventiva, y otras 5600 esperan resolución judicial, generó fricción con los países europeos. Esta situación tuvo una nueva escalada ayer, cuando la cadena pública alemana ARD filtró un documento confidencial en el que el gobierno de ese país le adjudica a Erdogan "afinidad política" con organizaciones islamistas radicales.

"Las numerosas demostraciones de solidaridad y negociaciones de apoyo para la Hermandad Musulmana egipcia, Hamas y grupos de la oposición islamista armada en Siria a través del partido gobernante AKP y el presidente Erdogan subrayan su afinidad política", asegura el documento que provocó el rechazo del gobierno turco.

"Las acusaciones son una nueva manifestación de la mentalidad distorsionada que ha estado intentando debilitar a nuestro país mediante ataques mediáticos a nuestro presidente y nuestro gobierno", señaló la Cancillería turca en un comunicado, que precedió a otra comunicación diplomática, esta vez de Alemania, con la que ese país buscó bajarle el tono.

Al respecto, el portavoz del gobierno alemán, Stefen Seibert, brindó una conferencia de prensa en la que destacó que la relación entre ambos países "tiene una importancia y una dimensión especial, en primer lugar debido a que en Alemania viven más de tres millones de personas que tienen raíces familiares en Turquía".