Uno de los argumentos que utilizó el Gobierno frente al Poder Judicial para intentar evitar el freno al tarifazo es que la marcha atrás en el aumento de las boletas haría perder los beneficios de la tarifa social. Es decir, la administración de Mauricio Macri plantea que los fallos que son perjudiciales al Ejecutivo también afectarían a los más pobres. El argumento se repite ahora que la Corte está a punto de dar una definición. Sin embargo, Página/12 constató que esa afirmación es estrictamente falsa para los usuarios del servicio eléctrico, especialmente para los sectores más vulnerables que no cuentan con gas de red ni agua corriente, cuyas boletas se multiplicaron por dos o tres a pesar de ingresar en el régimen de tarifa social. En el caso del servicio de gas, en donde la tarifa social es mucho más inclusiva, el argumento oficial se constata, salvo para la Patagonia y el NEA. De cualquier modo, aseguran asociaciones de consumidores, si el Gobierno estuviera por estas horas preocupado por los sectores más vulnerables podría resolver aplicar la tarifa social actual sobre el cuadro tarifario anterior y con ello bajaría el precio de la boleta del servicio de gas si se cayera definitivamente el tarifazo.

Al contrario del relato oficial, en el caso de la electricidad la marcha atrás del tarifazo beneficiaría a la mayor parte de los hogares que reciben la tarifa social. Es un dato muy relevante, porque se trata del servicio con mayor incidencia (junto al transporte) sobre los sectores más vulnerables, que dependen de la energía eléctrica para calefaccionarse, ante la falta de gas de red, y muchas veces para obtener agua mediante el bombeo, dada las deficiencias en agua y cloacas.

La tarifa social en el servicio de electricidad consiste en la aplicación de un cuadro tarifario por el cual el precio de los primeros 150 kilovatios/hora al mes (o 300 kilovatios bimestrales) es igual a cero y sólo se cobra en ese caso el cargo fijo y la parte de la boleta correspondiente a distribución y transporte. Para el consumo que excede ese mínimo rige el cuadro tarifario normal. El usuario cuenta con una bonificación si redujo su consumo frente al mismo período de 2015. El consumo subsidiado luego se amplió a 300 kilovatios/hora en las cuatro provincias que no cuenta con gas de red (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), aunque no se modificó el criterio para muchas otras zonas puntuales del país que están bajo la misma dificultad estructural.

El principal problema de este esquema es que los hogares consumen por encima del mínimo subsidiado. Se calcula que un hogar compuesto por dos adultos y dos niños consume en promedio un piso de 220 kilovatios/hora al mes si el inmueble está en buenas condiciones edilicias. Si la vivienda es precaria, el consumo sube.

A partir de los datos del ENRE acerca del cuadro tarifario anterior y el actual, que está en etapa de definición por parte de la Corte, y las estructuras de facturación (que incluyen además del precio de generación de la electricidad, el cargo por distribución y transporte y los impuestos), este diario reconstruyó la boleta de luz antes del tarifazo y sin el beneficio de la tarifa social y luego del aumento pero incluyendo el subsidio por tarifa social. Para la comparación entre tarifas se supone que no hay ahorro energético, que es de hecho lo que ocurrió dadas las bajas temperaturas este año. La categoría de usuarios residenciales R1 (la de más bajo consumo) es la única que reduce su boleta con tarifa social frente al cuadro tarifario anterior: pasó de un promedio de 40 a 22 pesos. Las categorías R2 y R3, que están en la franja promedio de consumo, suben de 55 a 161 pesos bimestrales (193 por ciento) y de 83 a 340 pesos (310 por ciento), respectivamente. La categoría R4 crece de 99 a 432 (336 por ciento); la R5, de 116 a 523 pesos (351 por ciento); la R6, de 225 a 752 pesos (234 por ciento) y la R7, de 457 a 1345 pesos (194 por ciento). La comparación se realizó, recordemos, para un mismo nivel de consumo entre el cuadro tarifario viejo sin tarifa social y el nuevo cuadro tarifario pero con el beneficio de la tarifa social.

La preocupación del Gobierno por los más pobres ante la posibilidad de que la Corte rechace el tarifazo choca a todas las luces con la realidad. La asociación de defensa de usuarios y consumidores Deuco, que dirige Pedro Bussetti, realizó un relevamiento minucioso en la zona de Cuartel V, en el partido de Moreno, en donde las familias no tienen gas, agua potable ni cloaca. El único servicio es la electricidad, que brinda la empresa Edenor. Una familia compuesta por un adulto y tres menores con ingresos que están en la línea de indigencia, que se encuentra beneficiada por la tarifa social, recibió una boleta de 630 pesos por un consumo de 1495 kilovatios en el bimestre, cuando el año pasado pagaba 140 pesos. En la misma zona, una familia compuesta por dos adultos y un menor con ingresos que apenas alcanzan para alimentarse recibió una boleta de 802 pesos a pesar de la tarifa social por un consumo de 1709 kilovatios, mientras que el año pasado pagaban 210 pesos sin tarifa social. En otro hogar, dos personas desocupados deberán afrontar una boleta de 985 pesos a pesar del beneficio social, cuando el año pasado estaban en 280 pesos. Los incrementos se explican porque por encima de los 300 kilovatios bimestrales por los cuales no se paga el costo de generación, los usuarios deben enfrentar la tarifa plena. Y como se percibe en los casos citados, las malas condiciones económicas suelen asociarse a altos niveles de consumo. Otro factor clave es que este año se consumió más energía que el año pasado a causa de las bajas temperaturas. Si el usuario hubiera ahorrado energía, regiría un cuadro tarifario más beneficioso, por el cual la diferencia con respecto al cuadro tarifario viejo sería más reducida.

En el caso del gas, la situación es distinta, porque las estimaciones arrojan que los usuarios con tarifa social redujeron su boleta en un 23 por ciento en promedio con respecto a lo que hubieran pagado por el mismo nivel de consumo bajo el cuadro tarifario anterior. La diferencia radica en la lógica con la cual está confeccionada la tarifa social. En el gas, toda la porción de la boleta que se explica por el precio del insumo (que representa alrededor del 50 por ciento de lo que el usuario abona) es completamente gratuita para los beneficiarios, mientras que en la luz, sólo la primera franja de consumo goza de ese tratamiento.

La excepción para el caso del gas está en las áreas correspondientes a las transportistas Camuzzi Gas del Sur y Gas NEA, cuyos usuarios con tarifa social vieron incrementada su factura con respecto a los valores viejos sin el beneficio en un 32 y un 14 por ciento, respectivamente, en promedio. En esos casos se registró un aumento superior a la media del país del rubro distribución, de ahí la diferencia frente a la dinámica del resto de los usuarios del territorio nacional. En el caso de Metrogas, que comprende a la ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano, los usuarios con tarifa social pasaron a pagar un 10 por ciento menos que si no contaran con el beneficio bajo el cuadro tarifario anterior. La diferencia no es tan abultada porque si bien el precio del gas no se cobra, sí se incluye en la boleta los impuestos asociados al nuevo precio del gas. Las asociaciones de consumidores advierten que si el Gobierno estuviera atento a las necesidades de esos hogares podría extender el beneficio de la tarifa social sobre el cuadro tarifario anterior, en caso de que la Corte frene la serie de resoluciones que inauguraron el tarifazo.