El fallo de la Corte es celebrado como un paso adelante contra las arbitrariedades del Gobierno en la aplicación del tarifazo. Más aún, se lo califica de golpazo y freno contra las pretensiones oficialistas. Quizás cabría tomar varias precauciones antes de ser tan concluyente.

Con el paso de las horas, el dictamen cortesano ya fue examinado desde toda vertiente ideológica y técnica. Puede hablarse de un tronco de coincidencias en las observaciones descriptivas, pero el problema aparece cuando se trata de qué privilegiar de esos apuntes: una cosa es verlos desde el impacto coyuntural del fallo y otra, que podría ser bien diferente, hacerlo en su proyección política. Visto desde el presente estricto, la Corte ordena retroceder las tarifas de gas a marzo de este año y convocar a la audiencia pública que el Gobierno ignoró olímpicamente. En esa instancia, a mediados del mes próximo, habrán de expresarse todos los sectores que así lo deseen –con mecanismos necesitados de mucha precisión– para después llegar a conclusiones que no serán necesariamente vinculantes en el ¿nuevo? esquema tarifario a proponer por el macrismo. Pero fuera de eso, resalta que el tarifazo se mantiene en el tramo que representa más de los dos tercios del consumo total. Significa que para las pymes, la industria, las cooperativas, las universidades, el boliche de la esquina, el club del barrio, todo sigue como está aunque puede preverse otra ronda de recursos de amparo porque la Corte se lavó las manos en lo que no alcanza al consumo de los hogares, que es alrededor del 24 por ciento del total. El jueves al mediodía, cuando reinaba en Casa Rosada una mezcla de nerviosismo e irritación, uno de los funcionarios resumió esa cuenta, calmó las aguas y dijo “después de todo, ganamos 76 a 24”. Lo que centralmente preocupa al Gobierno es que las audiencias públicas quedan habilitadas para ventilar cómo se fija el precio del gas en boca de pozo, que en definitiva es lo que explica el nodo del tarifazo. La energía tiene tres segmentos: generación, distribución y transporte. Quién extrae la materia prima, quién la vehiculiza y quién la hace llegar a las casas. Lo que el Gobierno esperaba, en la peor de las conjeturas, era que le ordenaran poner en discusión a los dos últimos, pero no al primero. Eso es lo más osado del fallo, si quiere vérselo desde el impacto en las grandes compañías por las dudas que, se presume, les despertará invertir en un país que judicializa sus decisiones tarifarias. Por eso están hablando de una afectación a las inversiones. ¿Alguien puede creer seriamente que ese perjuicio sería tan grave como para desalentar a la parte del león de este negocio? En todo caso, parece más sensato opinar que la fracasada lluvia de inversiones esperada por el macrismo se explica por una tensión social interna capaz de alertar a una derecha olvidada que esto es la Argentina, territorio de conflicto permanente, de minorías (muy) intensas con el agregado de la ampliación de derechos producida por el gobierno anterior, y no una sociedad mansa que se dejará avasallar así como así.

Otro aspecto que despertó preocupación en el Gobierno es el rojo fiscal que implicaría retrotraer el tarifazo, estimado variablemente entre 15 a 20 mil millones de pesos. Detalle: ese número es proporcional a lo que se rebajará en las arcas estatales por la prometida y nueva rebaja en retenciones sojeras. La cifra podría ampliarse si en un futuro próximo se le diera la razón a la industria, el comercio y otros que se ampararán en el “yo también”; y, otra vez, deberían hacerse las cuentas equivalentes de cómo el fisco fue desfinanciado a fin de, entre causas, “sacarle la pata de encima al campo”. Por lo pronto, cabría esperar que esos sectores no beneficiados por el fallo aumenten sus precios para compensarse; pero, en rígida simultaneidad, el mercado interno está seriamente afectado por la pérdida del poder adquisitivo de las franjas populares y medias, y una reacción de esa naturaleza motorizaría la recesión. ¿Con qué piensa el Gobierno cubrir el rojo, ya que no tocará los ingresos de sus socios ideológicos? ¿Emitirá más deuda para financiarse? ¿Hasta cuál límite que no vuelva a producir el círculo vicioso de que en algún momento deberá devolver esa plata, mientras resulta que la economía no produce ni redistribuye para generar actividad y consumo? ¿El Gobierno piensa cubrirse frenando inversión en obra pública? ¿Y entonces con qué reactiva? ¿Le apuesta todas las fichas a lo que pueda entrar por el blanqueo? Y en esa hipótesis, ¿hasta dónde el blanqueo serviría como elemento dinamizante, al agregársele cubrir el rojo? Si el déficit fiscal que tanto obsesiona al macrismo sigue en crecida, por obra y gracia de cómo adelgazaron al Estado con megadevaluación, quite de retenciones y transferencia de miles de millones de dólares a los sectores de mayores ingresos, ¿por qué “los mercados” resolverían seguir financiándolo? De modo que, en ligera pero tal vez precisa síntesis: ¿es el fallo de la Corte lo que pone en aprietos económicos al oficialismo, o es un modelo donde sólo está de fiesta el complejo agroexportador?

Se diría que lo primero que hizo la Corte es cubrirse a sí misma, ganar tiempo y darle aire al Gobierno. Los supremos demostraron no querer cargarse el modo, no el fondo, con que la tropa macrista lleva adelante su programa de ajuste. Ese modo no se constituye de errores, sino de mediciones de repercusión social. Para reiterar: lo que pasa, pasa; y lo que no, se verá cómo sigue pero en tanto reculada táctica, nunca estratégica. No fueron errores ni los despidos a mansalva en el Estado, ni pretender colar por la ventana a dos jueces en la propia Corte, ni pedirles disculpas a los españoles por haberles sacado YPF, ni decir que estaban locos quienes creyeron que cambiar el celular, el auto, la moto, o viajar al exterior, formaba parte de un ascenso consumista al que tuvieran derecho. Y no son errores haber producido los tarifazos sin llamar a audiencia pública, ni afirmar que el Estado no puede meterse si el libre mercado decide fabricar queso en vez de manteca, ni sostener que un acuerdo con Mercado Libre es avanzar hacia la pobreza cero. Todo integra una concepción político-económica donde las necesidades populares nunca deben estar delante del cierre de los números. Juan José Aranguren, presidente de Shell puesto de ministro de Energía, respondió “hay una planilla Excel que debo cumplir” cuando el intendente Gabriel Katopodis, de la localidad bonaerense de San Martín, reclamó por la situación crítica de clubes y entidades sociales tras el tarifazo eléctrico. Cualquier engendro imaginable hubiera contado hasta cien antes de declarar semejante animalada, es cierto, pero frente a una gaffe de ese tipo debe decidirse con cuál vara se la mide: si como una brutalidad comunicacional o como la expresión auténtica de lo que piensan y ejecutan. Bajo el primer criterio, es un error. Si se usa el segundo, no hay yerro alguno sino la demostración de que calculan impacto y consecuencias. Dicho de otra manera y sólo de ejemplo, no se designa a un tipo como Aranguren para que guarde formas elegantes sino para que muestre lo que es. De hecho, ni lo previnieron ni lo prepararon para enfrentar a las comisiones parlamentarias el martes pasado. Esto viene a cuento de que, frente al fallo de la Corte, se acumulan reproches de los voceros periodísticos gubernamentales, arguyendo que no se habría arribado a un dictamen “contrario” si el Gobierno hubiera sido más prolijo en sus procedimientos. A ver: ¿cómo sería esa prolijidad si hay de por medio un ajuste feroz, que precisamente era lo requerido por los tanques mediáticos?

Lo que pasó fue la reacción social, no los errores de comunicación ni las formas de actuar. Es esa la tortuga que se les escapó, no la inconstitucionalidad de ignorar audiencias públicas. Y es frente a esa reacción que la Corte no dice “esto no”. Dice “así no”, que es distinto. Así no porque yo, Corte, no voy a inmolarme en un baño de impopularidad. Y más todavía, hablaré de que las tarifas deben ser “razonables” y de que los aumentos no pueden ser “confiscatorios”. Lo cual se presta a elucubraciones subjetivas que llegado el momento habrá de verse cómo se saldan según el clima económico-social que rija, y que el Gobierno aspira a seguir controlando, a rasgos gruesos, con la cantinela de la corrupción kirchnerista y de la herencia recibida. Ahora bien, ¿qué otra cosa podía esperarse de la Corte? De pretender mucho más se estaría ante la creencia de que es un tribunal revolucionario, vamos. Sí tomaron nota –con instinto de preservación corporativo, al fin y al cabo– de que el horno no está para bollos. Pero dejaron intacto el tarifazo en los dos tercios del consumo total y, ya que estamos, es relativo que el fallo sea considerable como una derrota política del Gobierno. La impresión inicial es ésa, está claro. Sin embargo, ¿hasta qué punto no deja libre el camino para interpretar que se muestra el respeto por la separación de poderes y la independencia de la Justicia? En otras palabras, cuidado –al menos eso: cuidado– con ignorar que el fallo, finalmente, puede ser altamente funcional a los intereses del Gobierno.

La buena noticia es que la presión social obligó a que la Corte no pudiera desentenderse, de modo abierto, en una de las cuestiones más irritantes del rumbo macrista. Pero hay mucha distancia entre eso y creer que podría ser en los tribunales donde se detenga la ferocidad conservadora.