“Las pymes son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan y estamos atravesando una situación muy compleja con respecto a costos, y dejar afuera a las pequeñas y medianas empresas en esta resolución nos parece arbitrario porque afecta básica y exclusivamente a todos los puestos de trabajo, porque hay costos que no podemos asumir”, sostuvo el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Luciano Nerla.

Neral realizó la presentación junto con el diputado del Parlasur Ramón Rioseco (FpV) y legisladores provinciales, quienes hoy llevaron los recursos de amparo en los Juzgados Federales de Neuquén y Zapala, con el objetivo de que el freno a la suba de las tarifas de gas resuelta por la Corte Suprema, alcance también a las pymes, comercios y entidades intermedias.

En los escritos se solicita una medida cautelar para que “se ordene suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por las resoluciones 28 y 31/16 del Ministerio de Energía a todos los usuarios no residenciales del servicio de gas, hasta tanto exista sentencia definitiva en este proceso”.

El dirigente empresario adelantó que “a través de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y nuestra entidad estamos haciendo un trabajo generalizado en todo el país cuestionando esta resolución”.

Por su parte el diputado Rioseco expresó que “en principio decimos que el fallo de la Corte resolvió sobre la racionalidad y la realidad de la gente, pero no están incluidos los consumidores no residenciales y eso es muy preocupante para nosotros”.

En ese sentido, el legislador del Parlasur sostuvo que “es preocupante para la economía del país, de la provincia porque afecta a los comercios, industrias, el turismo, las instituciones intermedias y otros sectores, y por eso lo que presentamos es un amparo colectivo”.

En tanto, el abogado patrocinador y legislador provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, destacó que en el fallo de la Corte “se establece el criterio de gradualidad y razonabilidad para la aplicación de los aumentos en las tarifas”. “Esto quiere decir que el Gobierno Nacional no podrá fijar incrementos del 400 y 500 por ciento como ha sostenido, porque estaría vulnerando el fallo de la Corte”, afirmó.

Mansilla anticipó además que “si después de realizada la audiencia pública el gobierno insiste con aumentos de esa envergadura, el tema será nuevamente judicializado”.