Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en Derecho, y a los principios que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a alguien en particular. Me pregunto yo a mí mismo: ¿cómo pude edificar mi vida alrededor de esta profesión y de sus instituciones? Una de mis conferencias, originada en una conversación con bachilleres con vocación de juristas, versaba sobre “¿Para qué sirve el Derecho?”. Hoy debería escribir lo contrario: el Derecho es inservible, al menos para los fines magnánimos para los cuales yo lo concebía. Es un mecanismo de dominación, de exclusión.

En efecto, a la vejez viruela, he venido a experimentar que no hace falta una intervención violenta, armada, contra las instituciones democráticas para anularlas en un santiamén. Nunca pude imaginar –a pesar de las amenazas pronunciadas y de la conciencia de que no todo estaba antes “bien hecho”– a un gobierno que en el mejor de los casos ganó una elección por un mínimo porcentaje de votos, en segunda vuelta y con todavía menor participación parlamentaria, en cuestión de horas o días podía desvalijar el trabajo de más de una década, regresar a épocas pasadas, ya transitadas y con resultados más que desastrosos para la población, todavía persistentes. Sirvan de ejemplo, en nuestro país, la derogación práctica, por decreto administrativo, de una ley de medios audiovisuales elaborada en años y alabada universalmente, la cercenación de los fondos sustentables de jubilaciones y pensiones universales y de otros beneficios sociales, el derrumbe de la paciente elaboración –de mayor antigüedad aún– de un mercado regional (Mercosur) y la trágica falta de aplicación de una de sus leyes básicas respecto de su administración (que sólo la R. O. del Uruguay, aparte del país excluido, osó defender como vigente e insustituible por otra solución ilegítima, de conformidad con la norma internacional de creación), el desmantelamiento de medios y oficinas estatales de auxilio para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, el reconocimiento inmediato, casi anticipado, de un gobierno de un país vecino, socio principal integrante del Mercosur, surgido de aquello que calificadas opiniones titulan como “golpe de Estado blando” –opiniones quizá discutibles pero nunca ignorables–, la pérdida de soberanía política y económica a favor de otro país dominante y su área de influencia, que incluye a los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial), el regreso de la desocupación de dos dígitos, alimentada por la propia administración pública (despidos masivos sin fundamento), de la inflación de porcentajes estratosféricos, del dólar como moneda nacional de ahorro y exportación de capitales, la calificación de inservible del Derecho laboral y sus convenciones colectivas, en fin, sólo unos pocos ejemplos de lo visto en medio año de gobierno. Más tristemente aún: todo ello contó con la colaboración –cuando no traición– de la oposición parlamentaria, incluso de parte del grupo político antes gobernante, que expresa verbalmente una cosa y hace otra, y con la cuasiomisión de las autoridades de la mayoría de las organizaciones sindicales. Pero, además, se reprime a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, integrada por pueblos originarios, a la que se rotula como asociación ilícita, y se priva de libertad a sus dirigentes y colaboradores por la tamaña felonía de demostrar públicamente contra el gobierno.

A ello se suma lo sucedido ahora en Brasil, la mayor potencia económica, territorial y de población de nuestra América meridional, suceso anticipado en Paraguay y en Honduras a manera de ensayo: la utilización formal de un mecanismo constitucional de excepción como regla, para sustituir a una jefa de gobierno, que presidía el país votada por una inmensa mayoría del pueblo, sentencia de un tribunal integrado por legisladores elegidos popularmente, senadores nacionales, incluso algunos de ellos de la coalición política gobernante y varios sospechados formalmente por corruptos, cuasiconfesos de que la imputación contra la jefa de gobierno era inexistente o, cuando menos, no se había demostrado o no justificaba la condena. De nuevo era trágico, pero risible, payasesca, la exposición de fundamentos de los condenantes, la mayoría de los cuales no sólo no se atenía a la imputación deducida, objeto de la defensa practicada por la propia jefa de gobierno, sino que, antes bien, con claridad, ignoraba por completo la imputación deducida contra ella. Tan es así que no se alcanzó mayoría para condenar a la acusada a la pérdida de sus derechos políticos, sanción prevista en el ordenamiento jurídico-constitucional brasileño; sólo fue sustituida en su cargo de presidente del país.

Esto me afirma sin más en mi condena al Derecho como inservible o, mejor aún, servible a gusto y paladar de quien lo aplica prácticamente, sin reglas hermenéuticas claras y precisas, abierto a cualquier interpretación según los ideales (¿?), la necesidad o el interés de quien juzga. Un instrumento como éste no “hace justicia” en sentido alguno, sólo aplica poder, de modo similar a la violencia física, sin vergüenza o, mejor, sinvergüenzas o “canallas”, como dijera el legislador que señaló a uno de los condenantes con el dedo, según informó en este mismo diario un periodista brasileño, Eric Nepomuceno. Así sucede también en la vida común, fuera del ámbito político. Para muestra basta un botón: observen la imputación de fiscales y una organización social a la presidenta anterior y a su canciller por “traición a la patria” o, si les resulta mas sencillo, visiten una cárcel.

Profesor titular consulto de DP y DPP, UBA.