Con un gobierno sordo y ciego que sólo favorece a bancos, sojeros, importadores y mineras, y que ha creado y desconoce una situación social gravísima, es la paz y la democracia misma lo que está en peligro.

Esto obliga a pensar no sólo en el duro presente, sino también en los cambios que la sociedad argentina necesita para recuperar la confianza en el sistema político. Lo que impone considerar reformas estructurales urgentes y profundas, empezando por la de nuestra Carta Magna. Que entre otras cuestiones fundamentales deberá incluir, tarde o temprano, modificaciones al sistema representativo incluyendo formas de participación popular no delegativas. Y de una vez habrá que reformular, con serenidad y cordura, un Pacto Federal entre todas las provincias argentinas para acabar con el permanente chantaje de la co-participación y dar paso a un país en verdad moderno.

A todo eso se suma la imprescindible y urgente reforma política, pero no para eliminar el sistema electoral de voto popular en urna, sino para perfeccionar el control de la ciudadanía (lo que implica descartar tramoyas electrónicas como las que urde hoy el macrismo). Y ni se diga el cambio copernicano que es imperioso dar a lo que se debería llamar Servicio de Justicia y no Poder Judicial como hasta ahora.

Recorre el país la sensación de que es ya una urgencia republicana declarar en comisión a todas las jerarquías de ese falso tercer Poder, lo cual deberá ser dispuesto solamente por un Estado Democrático. Igualmente urge reorganizar la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo con nueve miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones por un máximo de diez años, no renovables, tal como plantea el colectivo El Manifiesto Argentino.

La urgencia de repensar los usos y costumbres de la política, degradada por oportunismos e inmoralidades -y cuando es cada vez más evidente que la llamada Justicia hoy es capaz de cualquier cosa- conlleva también la necesidad de finalmente acotar el descontrol de un sistema multimedial que ha venido y sigue condicionando la voluntad popular.

Y si a eso se suma el mandato global -que antes llamábamos imperial- que combate a los gobiernos dizque “populistas y demagógicos” de igual modo que hace décadas combatía al fantasma comunista y así sembró Nuestra América de millones de cadáveres, desaparecidos e injusticias, se comprende fácil que la gran reforma estructural que urge en nuestro país es y será, de hecho, una larga marcha, mucho más larga que la que culminó con la memorable pueblada del jueves pasado en la Plaza de Mayo porteña.

Esa movilización extraordinaria, que seguramente será recordada como un hito en la resistencia a las políticas de entrega, recesión e insensibilidad social del gobierno actual, fue posible además gracias a un hecho curioso y cada vez más notable: el profundo divorcio comunicacional que impera en la sociedad argentina. Que se “informa”, por decirlo de algún modo, mediante dos vías diametralmente opuestas: una hiperconcentrada que defiende intereses corporativos, y una fragmentada y dispersa que propone alternativas de lucha.

Es lo mismo que sucede en otros países de la hoy descalabrada unión latinoamericana, y muy dramáticamente en Brasil, donde el efecto es incluso más grave que en la Argentina. Ello impone la conciencia de que todo cambio estructural sólo será posible a partir de fuertes limitaciones estatales a los monopolios comunicacionales. Esto fue lo que definió los mejores intentos del gobierno kirchnerista, aunque también es cierto que fueron muy limitados sus efectos positivos porque se gastó más energía en pelear contra un monstruo que en crear, como debió crearse, un sistema alternativo sólido y durable.

Como fuere, y visto el necio y mentiroso tratamiento periodístico que dieron a la reciente Marcha Federal los mentimedios argentinos, y en particular los “grandes diarios” porteños, en la larga marcha hacia las reformas estructurales que consoliden nuestra democracia y restauren todas las mejores políticas sociales, y a la vez garanticen la paz y la autodeterminación, es necesaria y urgente una vez más una nueva Política de Medios de Comunicación.

La cual no sólo deberá recuperar lo mejor de la hoy ilegalmente discontinuada por decreto Ley de Medios, sino que, y muy especialmente, deberá mejorar su aplicación como no lo supo hacer el gobierno anterior: o sea limpiando y regularizando los diales en cada provincia y cada ciudad; facilitando la creación de canales y sistemas alternativos comunitarios estables, y aplicando sanciones no sólo retóricas. Todo lo cual pudo y debió hacerse en los últimos años, y no se hizo, más allá de diatribas contra el gigante.

Esa nueva política comunicacional exigirá el acotamiento legal de los llamados multimedios a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma horizontal y no monopólica. Esto significa que los medios televisivos no puedan ser propietarios de diarios o radios; ni los diarios o radios propietarios de sistemas de televisión, siguiendo el modelo de organización y control de la propiedad de los medios de comunicación que rige nada menos que en los Estados Unidos. Una restaurada Ley de Medios -como ineludiblemente sucederá, y es de esperar que también por decreto- fortalecerá y mejorará todos los sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos, garantizando de manera equilibrada la pluralidad informativa y la libertad de expresión.

Sólo una opinión pública bien informada y atenta, vigilante y desconfiada, llevará adelante las grandes reformas estructurales que la Argentina necesita y, seguro, desea muy mayoritariamente.