“Me preocupa que desde algún lado del poder centralizado estén generando hechos de inseguridad y de miedo”, dice Laura Figueroa, abogada querellante en causas de lesa humanidad de Tucumán, donde sufrió un ataque a su casa. A mediados de agosto, se encontró con el portón y la puerta “reventados” y el interior de la vivienda “revuelto”. Volvía de Catamarca, adónde había viajado para recibir los restos del militante Juan Francisco Carreras, que habían sido recuperados de la fosa común Pozo de Vargas. No es la primera vez que desconocidos ingresan en su vivienda y le revuelven todo, sin robarle nada, y ella relaciona los hechos con la intención de “generar miedo” entre militantes de derechos humanos.

–¿Cómo evalúa el ataque a su casa?

–No fue un ataque solo a mí. En la zona somos cuatro abogados los que, en los últimos tiempos, hemos sido víctimas de atropellos que consideramos relacionados con nuestro trabajo con familiares de víctimas del genocidio. Hablar de hechos aislados cuando este es el tercer ataque que sufro en mi casa desde que comencé mi trabajo en relación con el Pozo de Vargas es muy ingenuo. Pensar que fueron meros actos de vandalismo; que rompieron las puertas de entrada de mi hogar para robar algún bien, cuando no han robado nada, no tiene sentido. Todo el mundo en Tucumán sabe que soy una abogada laboralista, que siempre defendió a los de abajo, incluso a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, que mantengo una vida austera y humilde. Las tres ocasiones que desconocidos ingresaron a mi casa por la fuerza removieron papeles, placares donde guardo información de mi trabajo –su casa era su estudio jurídico–. Quieren volver a generar miedo.

–¿Quiénes?

–Me atrevo a decir que son los mismos sectores que siempre han dominado a los luchadores a través del miedo y la represión, que en todas las épocas han reprimido a los reclamos sociales, gremiales y políticos, los que detentan el poder económico y real en la Argentina.

–¿Por qué está tan segura de que los destrozos en su casa tienen que ver con su trabajo en Pozo de Vargas?

–En 2002 un grupo de familiares, peritos arqueólogos de la Universidad de Tucumán y yo iniciamos una investigación del predio y descubrimos allí la prueba más terrible, más macabra, que existe en todo el país del genocidio que se perpetró en Argentina. Es un pozo realizado en la época de los ferrocarriles para proveer de agua a las máquinas a vapor. Ese pozo es de aguas profundas, tiene 40 a 70 metros de profundidad. En estos momentos los arqueólogos están rescatando restos humanos en 34 metros de profundidad. No existe antecedente en el mundo de una fosa común a tanta profundidad. Por lo tanto, el hecho de que una abogada haya sido tan dura con quienes intentaron frenar desde la Justicia el descubrimiento de este sitio, visibilizó fuertemente el hecho en los medios y pidió la colaboración de todo el mundo en el rescate de los restos allí enterrados, molestó y desagradó a los sectores responsables del genocidio en Tucumán. No me cabe la menor duda de eso. Al poco tiempo de haber iniciado la querella entraron a mi casa por primera vez. A la semana siguiente, la segunda vez a pesar de la custodia de Gendarmería. La tercera fue el sábado 13, cuando viajé a Catamarca a recibir los restos del estudiante catamarqueño Juan Francisco Carreras, que fueron recuperados en Vargas. Igual, esto no quiere decir que las megacausas Jefatura I, Arsenal y Jefatura II no tengan que ver.

–¿Considera que las condiciones de avance del proceso de memoria, Verdad y Justicia se complicaron este año?

–La verdad es que fui víctima de persecuciones desde el 83 en adelante, no estoy en condiciones de decir que por este hecho puntual la situación haya empeorado. Sus responsables son los mismos de entonces. Lo que sí creo es que el discurso central político del gobierno nacional les ha dado luz verde, los ha envalentonado para que con tanta impunidad hayan entrado a mi domicilio a plena luz del día o que hayan hecho otros ataques en el resto del país. Me preocupa que desde algún lado del poder centralizado estén generando hechos de inseguridad y de miedo. Y esto me retrotrae al 74, 75 cuando ya el miedo comenzaba a reinar en mi provincia para posteriormente inaugurar la triste y célebre “Escuelita”, primer centro clandestino del país.

–El homenaje a los “héroes” del Operativo Independencia es ejemplo de esa luz verde...

–A miles de kilómetros de acá, en Buenos Aires puede sonar ilógico que aquí, en Tucumán, la reivindicación al Operativo Independencia no nos sorprenda. Desde ya que nos produjo una profunda indignación, pero quiero resaltar que en Tucumán venimos soportando un enfrentamiento ideológico con un sector importante de la población que sigue apoyando al Operativo Independencia, que sigue repudiando a las organizaciones que actuaron con métodos guerrilleros, cohabitamos todos los días con personas que siguen reivindicando el accionar militar de la última dictadura. Fuerza Republicana, progenocidio, es la tercera fuerza política en la provincia.

–¿Y esto como repercute en los familiares y en las víctimas que esperan Justicia?

–Acá siempre vivimos un proceso de Memoria, Verdad y Justicia bastante más difícil que en Buenos Aires. Nos costó mucho más todo. Pero si vemos desde dónde partimos y entendemos adónde hemos llegado, no nace más que satisfacción. Y siempre hemos tenido el apoyo un sector del pueblo tucumano que cree en esto. Pero hay que entender que ha comenzado un momento nuevo en nuestra lucha: el de frenar el miedo. Por favor, no tenemos que tener miedo. En la medida que nuestro miedo crezca, ellos habrán ganado. Es difícil, pero lo vamos a lograr. Las autoridades provinciales deben ocuparse de que la sociedad tucumana no pierda los resortes que la empujan a seguir adelante. Y la Justicia Federal debe investigar qué pasó con los ataques que sufrimos.