La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que descartó apartar de su cargo al juez Luis Pedro Hooft, acusado de haber sido complice de crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura. En abril de 2014, un Jury --integrado por el ministro de la máximo tribunal provincial Juan Carlos Hitters-- consideró que el magistrado "no incurrió en los delitos de lesa humanidad que se le imputaron" y lo dejó en su cargo.

Poco después, el entonces secretario de Derechos Humanos Martín Fresnada decidió apelar el fallo del Jury --que contó con el voto favorable de los senadores del Frente Renovador y Frente Amplio Progresista--. Esa apelación fue rechazada por mayoría hoy por la Corte provincial.

Los jueces Hilda Kogan, Luis Genoud, Héctor Negri y Víctor Violini se pronunciaron por rechazar el recurso, mientras que Eduardo De Lázzari votó a favor de declarar la nulidad del fallo y de la realización de un nuevo Jury contra el juez marplatense.

“Las denuncias de afectación de derechos constitucionales de debido proceso, acceso a la justicia e imparcialidad, y la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento, no cumplen con el estándar que para asuntos de esta naturaleza se exige, y por lo tanto, no demostrada en forma nítida, inequívoca y concluyente la lesión de tales derechos, el rechazo al recurso, se impone”, expresaron los jueces de la Corte bonaerense en el fallo.

El juez Hooft había sido acusado de rechazar habeas corpus y de garantizar la impunidad de represores en 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones y torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Hooft se negó siete veces a declarar en la causa penal que lo investiga por su participación en la “Noche de las Corbatas”, el megaoperativo represivo perpetrado por las fuerzas armadas con la colaboración de la CNU, en julio de 1977. El juzgado Federal 3 de Mar del Plata, precisó reiteradas veces que Hooft no puede ser llevado por la fuerza porque se encuentra amparado por la Ley 25.320 que le concede la posibilidad de no presentarse a declarar.

Para el fiscal Pablo Larriera, esos delitos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien archivó los hábeas corpus en forma prematura sin dar siquiera una respuesta burocrática a las Fuerzas Armadas.

En el caso del abogado Jorge Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y luego con un informe que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, declaró que Hooft visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió a sus pedidos de ayuda.