El Gobierno podrá celebrar haber derrotado la inflación solo cuando la actividad económica, el consumo y el empleo crezcan de manera robusta. Hasta entonces, la eventual baja del índice de precios será más bien otro síntoma de la crisis. Sería para el libro Guinness que la inflación se mantuviera en el nivel actual del 47,2 por ciento cuando se registran caídas de la industria del 7,9, de la construcción del 23,1 y de las ventas minoristas del 8,1 a lo largo de siete meses consecutivos, con una desocupación que en agosto ya escaló a los dos dígitos. Con semejante recesión, más que calificar a la inflación como un asunto del pasado, como hizo Alfonso Prat-Gay, la preocupación del equipo económico debería ser por qué rubros sensibles como los alimentos siguen aumentando a un ritmo del 2 por ciento mensual, incluso con una apertura importadora que está trayendo naranjas de España, frutillas de Polonia y pasas de uva de la India. La principal razón de la disminución del IPC del mes pasado es la anulación del tarifazo del gas ordenada por la Corte Suprema. También ayudó que la justicia mantenga frenado el aumento del 67 por ciento en el pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el Gobierno está tan urgido de mostrar aunque sea un dato favorable en diez meses de gestión que se aferra hasta de las impugnaciones judiciales a sus propias políticas para hacer tachín tachín con la baja de la inflación. En rigor, el movimiento de los precios empieza a acomodarse recién ahora a la dinámica que tenían hace un año, cuando se registraban variaciones entre el 1,5 y el 2 por ciento mensual. Solo que en ese momento para Mauricio Macri, sus economistas y sus periodistas esos valores eran insoportables, y ahora son la supuesta prueba del éxito de su tarea. Cambiemos demoró casi un año en regresar al punto de partida en materia inflacionaria, pero entre tanto provocó la mayor escalada de precios desde 2002 y también el peor derrumbe de la actividad económica y de la ocupación en catorce años. En resumen, no solucionó ningún problema e hizo reaparecer otros que habían sido allanados por el kirchnerismo, como el del desempleo.

Si el Gobierno tuviera un buen diagnóstico de la situación, debería tirar a la basura los manuales ortodoxos que condujeron al país a una crisis severa y al Presidente a derrapar su imagen por un tobogán, y cambiar la política económica. Pero como no lo tiene, no lo hará. La energía del oficialismo y sus soportes políticos se concentra en perseguir a Cristina Kirchner, a jueces como Daniel Rafecas y a armar operaciones con servicios de inteligencia, mientras la economía se le cae a pedazos. El distanciamiento que muestra frente a una realidad lacerante se asemeja al que caracterizó a la administración de Fernando de la Rúa, en la anterior Alianza. Es un dato alarmante para los argentinos, en función de la catástrofe que ocasionó aquella experiencia. Como en esa oportunidad, la economía presenta hoy como uno de los problemas más acuciantes el ingreso a una tendencia de insuficiencia crónica de demanda. Suponer que se logrará salir de esa trampa con políticas ofertistas, como plantea el Gobierno, llevará al mismo fracaso que entonces y al que exhiben los países europeos que hace casi una década navegan entre la recesión y el estancamiento.

Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central, lo advierte en el último informe de la fundación FIDE. Polemiza con el argumento central del equipo económico respecto de que una caída de la inflación será suficiente para recomponer los niveles de consumo. “Por más que se modere la suba de precios, se bajen las tasas de interés y se reduzcan las contribuciones patronales como propone la ley de empleo joven, si no se aplican medidas de estímulo directo de la demanda no servirá de nada”, sostiene. La negativa del Gobierno a reabrir paritarias y la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones son ejemplos de que el Gobierno camina en otra dirección. En esa trayectoria, el desplome del mercado interno arrastró a la inversión privada. Es el componente de la demanda agregada que más cayó en el primer trimestre, con 3,8 por ciento, según el Indec, y profundizó esa performance en el segundo trimestre y en lo que va del tercero, de acuerdo a mediciones de consultoras como las de Orlando Ferreres o la Fundación Germán Abdala. Fue muy sugerente que Prat-Gay ya no mencionara a la inversión privada como el principal factor para hacer crecer la economía en 2017, abandonando el caballito de batalla de la última campaña electoral, cuando decía que la Argentina “regresaría” al mundo para captar inversiones. En el reportaje que concedió la semana pasada a La Nación, la inversión privada desapareció del menú como elemento para ser optimistas el próximo año.

La baja del consumo y de la inversión se asocia a la caída de la actividad y del empleo. Pero el Gobierno más que ocuparse de ello agudizará esa problemática cuando vuelva a enredarse en la lógica –que comparte– del FMI, cuyos economistas dijeron esta semana que el mayor desafío para Argentina es ajustar el gasto público para disminuir el abultado déficit fiscal. La vuelta de las auditorías del Fondo Monetario son otra señal que emparenta a Cambiemos con la Alianza.

Los aumentos de tarifas de servicios públicos son parte del ajuste que reclama el FMI. Como ya se pudo comprobar, su implementación resultó un mazazo para el consumo y la producción. Lejos de advertirlo, el Gobierno anunció que será una política permanente, con incrementos semestrales en el caso del gas y otro tanto para el resto de los servicios. “Es una bomba para las pymes, que son responsables del 70 por ciento del empleo en el país. Son 520 mil empresas que dan trabajo a 5,3 millones de personas. Si la Justicia llegara a confirmar el aumento del gas que sí anuló para los usuarios residenciales, esa bomba explotará pronto y el desempleo se duplicará en pocos meses”, considera el consultor laboral Adrián Caneto, jefe de Estudios del Instituto de Capacitación 6 de Octubre de la Unión Ferroviaria. Pero aunque las pymes llegaran a zafar de aquel ajuste, tanto Caneto como el ex director del Banco Central Arnaldo Bocco advierten que la situación del mercado de trabajo se sigue complicando.

El último informe de la consultora Tendencias Económicas aporta datos a esa descripción. En agosto siguieron aumentando los despidos y, sobre todo, las suspensiones. Los primeros ascendieron a 4105, con una suba del 3,3 por ciento interanual, mientras que las suspensiones se catapultaron a 22.527, un 69 por ciento más que en igual mes de 2015. Estas últimas se dieron principalmente en los sectores de la siderurgia, textil, artículos para el hogar, automotor, alimentos, plástico, petróleo y metalurgia. La situación de inestabilidad que atraviesan esos trabajadores preanuncia una segunda ola de despidos y de aumento de la tasa de desocupación si la economía no repunta a corto plazo. Entre esos empleos privados y los más de 10 mil del sector público que el ministro Andrés Ibarra confirmó que se cortarán desde diciembre por la no renovación de contratos, la crisis de la ocupación, y por ende del consumo y la producción, amenaza con extenderse. “Estamos entrando en una etapa crítica, en la que el desempleo se espiraliza y alcanza a trabajadores de mayor calificación, en especial en la industria. El Gobierno dice que recompondrá actividad con endeudamiento y el blanqueo, pero como la baja de la recaudación es tan fuerte, de más de 20 puntos en términos reales, solo le está alcanzando para tapar el bache fiscal”, evalúa Bocco. Marcó del Pont, a su vez, señala que la demanda externa tampoco reacciona, el contexto internacional sigue muy complicado y el Banco Central facilita la fuga de capitales con la desregulación cambiaria y financiera. La última vez que tantos factores jugaron en contra al mismo tiempo y el gobierno actuó de manera procíclica, agudizando la crisis, estaba la Alianza. Es responsabilidad de Cambiemos encontrarle la vuelta para escribir otro final.