Una de las frases de campaña del actual presidente Mauricio Macri sostenía que en la Argentina había que implementar políticas de largo plazo. En consonancia con ello, la alianza Cambiemos asumió el gobierno con la premisa de alterar la matriz distributiva de ingresos entre trabajo y capital (y hacia adentro de éste privilegiando al concentrado). Más allá de cuál sea la tarifa final fijada por el Estado tras las audiencias públicas, es claro que el gobierno quiere implementar nuevos ejes energéticos y distributivos de largo plazo. De lo que se trata, entonces, es de “discutir” la concepción implícita en tales lineamientos.

Uno de los argumentos para eliminar los subsidios y hacer converger las tarifas con los “costos de oportunidad” (precio de importación) radica en que, según sostiene el ministro: “Los contribuyentes estamos subsidiando 81 por ciento del consumo”. Así planteado se eliminan las diferencias entre contribuyentes: un peón de la construcción que no está registrado estaría aportando los mismos recursos para cubrir los subsidios que un CEO de una multinacional. Aquí se evidencia la cosmovisión del equipo de gobierno: el Estado no debe cumplir la función redistributiva. El carácter del Estado puede ser regresivo o progresivo y esto se logra a partir de la matriz recaudatoria y de gastos que el gobierno implemente. Claramente, el Estado gestionado por la alianza Cambiemos es más regresivo, en la medida en que resignó recursos de los sectores de mayores ingresos (quita de derechos de exportación a los principales productos de exportación –minería, soja, maíz–; licuación del impuesto a los Bienes Personales y reducción de Ganancias) y transfirió gastos que antes realizaba el Estado a los ciudadanos (muchos de ellos de bajos recursos) por valores muy superiores a las escasas actualizaciones extraordinarias de la AUH o la “reparación” a los jubilados que no cobran la mínima). No se trata de ver cuánto subsidian los contribuyentes, sino cómo se financia el Estado y a quiénes subsidia.

Otro de los objetivos del ministro es disminuir las asimetrías de precios que existen entre las diversas regiones del país como incentivos para realizar un consumo más eficiente, a partir de que el precio interno iguale al de importación. Una propuesta como esta esconde los diferenciales de consumo y de ingresos de la Argentina. Asumir estos elementos obliga a incorporar un esquema de subsidios cruzados. Más que una igualación tarifaria, debería avanzarse en un esquema que permita que cada hogar alcance la temperatura ambiente adecuada con una facturación que sea equivalente a lo que se paga en provincias de clima templado (aún con un consumo en m3 mayor por hogar). Naturalmente, eso implica un subsidio cruzado de la región centro hacia la Patagonia, que es la consecuencia natural de considerar un esquema como un país integrado (algo similar debería pensarse en materia eléctrica con el norte del país y para los que dependen sólo de este servicio por no contar con gas).

La propuesta del gobierno es que el mercado regule los precios para que la asignación de recursos sea más eficiente. Para eso propone un esquema de actualización del gas en boca de pozo hasta 6,78 dólares el millón de BTU para 2019, porque se presume que ese será el precio de importación de GNL (el más caro), y se eliminarían los subsidios. Ahora bien, la estructura económica y los ingresos de la población, ¿soportan ese precio cuando quedó demostrado que en este año no pudo actualizarse a 4,72 dólares? ¿Qué sucedería en 2019 si el precio de importación se sitúa en 10 dólares (como señalan varias previsiones) o en 16 dólares (como durante buena parte del gobierno kirchnerista)? ¿El precio interno debería converger con el internacional? ¿Qué impacto tendría una nueva devaluación real? ¿Qué mecanismos se prevén para mitigar el impacto sobre la demanda final? Máxime, cuando las estadísticas de la década de 1990 y la de los últimos meses de este año (entre abril y julio la cantidad de equipos de perforación de gas cayeron 26 por ciento respecto de iguales meses de 2015) permiten sostener que la vigencia de precios libres no implica necesariamente mayores inversiones de riesgo.

Así las cosas, los elevados valores internacionales vigentes hasta 2014 deberían alertar a las autoridades de que la definición de los precios de los bienes energéticos es un tema estratégico para la dinámica macroeconomía y para el bienestar de la población, a partir de lo cual el Estado debe intervenir estableciendo precios que permitan reducir inequidades –o controlando segmentos de la producción– y no dejarlos librados a la libre voluntad del “mercado” (o las empresas).

* Investigador Conicet/Flacso/Cifra.