Mientras se esperan los resultados de una serie de diligencias ordenadas por el fiscal Guillermo Marijuan y el propio juez Ariel Lijo, el magistrado se declaró incompetente para investigar la denuncia contra el extitular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por entender que en la causa se analizan maniobras de contrabando. Aunque la decisión no significa que se cierra la investigación sobre él, la resolución beneficia al funcionario desplazado, luego de que Lijo dejara en claro que "el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas" y que "las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular" a Gómez Centurión "a algún hecho delictivo de competencia federal".

"Del análisis de los hechos denunciados y la prueba colectada se puede establecer que las maniobras, por sus características y habitualidad, serían las propias de una organización dedicada al contrabando de mercaderías, cuya competencia corresponde al Fuero Penal Económico de esta ciudad", sostuvo Lijo.

El 19 de agosto pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Gómez Centurión, entonces jefe de la Dirección General de Aduanas (DGA), a raíz de una acusación que llegó a esa cartera con grabaciones que involucraban al exfuncionario en maniobras ilegales. Según la denuncia, se aludía a una red de contrabandistas con protección oficial y al supuesto tráfico de unos dos mil contenedores.

Inmediatamente, el presidente Mauricio Macri separó a Gómez Centurión de su cargo, mientras que la Justicia avanzó con la imputación en su contra y del empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", exdueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack.

En la denuncia del Ministerio Público se mencionó además de Gómez Centurión y Barreiro Laborda a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Rita Ailán; al abogado Edgardo Rodolfo Paolucci, exfuncionario de la Aduana; a Julio César Tizado, presunto empleado de "Cuqui", y a Claudio Minicelli, cuñado del exministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros.

Gómez Centurión negó públicamente las acusaciones y fue apoyado por la diputada Elisa Carrió, gestora de Cambiemos, quien declaró en la causa y aportó documentación. El exjefe de la Aduana y simpatizante de los "carapintadas", en su momento, reconoció haber tenido diálogos con Barreiro Laborda pero rechazó que estuvieran ligados a maniobras ilícitas.

"El avance de la investigación ha permitido corroborar el carácter aduanero de los hechos denunciados y cualquier imputación que pueda realizarse estará vinculada al comercio exterior y al ingreso ilegal de mercadería al país", dijo el juez. Según señaló, la supuesta intervención de Gómez Centurión "en los hechos denunciados fue uno de los motivos por los cuales se radicó la denuncia en este fuero de excepción; lo cierto es que el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas".

Del fallo se desprende que "los teléfonos identificados y utilizados por Gómez Centurión no registran comunicaciones con aquellos identificados y utilizados por Barreiro Laborda, Ailán, Tizado, Federico Ernesto Tiscornia Salort, Néstor Orlando Frega y Minicelli". "Por lo tanto, en base a lo expuesto, teniendo en cuenta que las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular a Juan José Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal y que, por el contrario, la acreditación de distintos puntos de la denuncia realizada han permitido encuadrar las maniobras en delitos previstos en el Código Aduanero, es que corresponde que declare la incompetencia en razón de la materia y remita las presentes actuaciones a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta Ciudad a efectos de que sortee el Juzgado que deberá continuar interviniendo", se señaló.