Cuando nació su hija Martina, María Liz Robledo solo pudo tenerla en brazos durante diez minutos. Apenas trató de darle la teta por primera vez, la beba comenzó a despedir un líquido verdoso de su nariz que no la dejaba respirar. María Liz la corrió de su pecho pero el proceso no se detenía. Su hija se estaba asfixiando. Los médicos que llegaron a la habitación y se la llevaron no le dieron explicaciones. Cuando uno de ellos volvió, le explicó que su hija había nacido con una malformación congénita, un pequeño canal que conectaba el aparato digestivo con el respiratorio, y que se moriría si no la operaban de inmediato. Después de un embarazo que había transitado sin sobresaltos, María Liz tuvo que firmar un consentimiento para que su hija, a la que apenas conocía, tuviera una pequeña posibilidad de seguir con vida.

Luego de siete horas de espera fuera de la sala de operaciones, para María Liz y su familia sobrevinieron años padeciendo junto a Martina las deficiencias respiratorias de la atresia esofágica que le diagnosticaron los médicos, y descubriendo que esa enfermedad, casi inexistente en el mundo, se debía a los bidones de pesticidas que se acumulaban en el baldío lindero a su casa y a las fumigaciones que se hacían a pocos metros de su jardín. Tres años después del nacimiento de Martina, será su historia la que María Liz le contará al Tribunal de La Haya –como caso testigo de Argentina–, en la primera denuncia internacional “por crímenes contra la humanidad y el medio ambiente” realizada por una organización civil contra Monsanto, con el objetivo de establecer un precedente mundial que permita juzgar penalmente a las personas responsables de los crímenes que se le adjudican a esta corporación.

Hoy y mañana, la Fundación Tribunal a Monsanto, que nuclea a casi cuatrocientas organizaciones sociales alrededor del mundo, encabezadas por la activista y filosofa hindú Vandana Shiva y la periodista francesa Marie-Monique Robin –autora del documental El mundo según Monsanto–, llevará a la corte holandesa treinta casos de enfermedades y malformaciones congénitas causadas por la exposición directa a los agrotóxicos fabricados por Monsanto. Todos los denunciantes han sido convocados a viajar a La Haya gracias al más de medio millón de euros que la fundación consiguió a través de una plataforma digital de financiamiento colectivo, donde las donaciones fueron hechas por ciudadanos de todo el mundo.

A lo largo de dos jornadas, se presentará también ante el Tribunal de La Haya una extensa lista de estudios llevados a cabo por diversas instituciones de investigación científica, entre ellas el INTA y el Conicet, en las zonas más afectadas. En todos estos estudios, realizados a partir de un análisis de las condiciones ambientales, se afirma que los padecimientos que serán relatados ante el tribunal han sido causados por una exposición directa al glifosato –el principio activo del herbicida Roundup, fabricado por Monsanto–, cuyo uso se masificó a partir de la implementación de diversos cultivos transgénicos, en mayor medida de soja, trigo y maíz, en zonas rurales.

“Acá pasaba la fumigadora por el medio de las calles dejando dese- chos, el mosquito (nombre que se le da a los aviones que fumigan) volaba por encima nuestro después de tirar el pesticida, y los baldes que chorreaban y se hacía un barro donde jugaban los chicos los guardaban en los baldíos y en los galpones acá entre las casas”, recuerda María Liz sentada en su casa de Baigorrita, un pequeño pueblo de mil novecientos habitantes ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Cuando supe que lo que le pasó a mi hija había sido por eso, empecé a moverme por todo el pueblo para frenar lo que estaba pasando. Me encontré con que no había ninguna legislación que lo prohibiera, y mucha gente se fue movilizando conmigo para dar a conocer esta situación. Hicimos un video que circuló por el mundo y este año vino Marie-Monique (Robin) a filmar a mi hija para su próximo documental. Y ahora voy a viajar a Holanda para contar lo que le pasó a Martina. Hoy cada pueblo está aislado, no hay herramientas legales para juzgar penalmente a los que causan este desastre, y eso es lo que tenemos que conseguir con esta denuncia en La Haya”.

Cuando Martina tenía un año y siete meses, su pediatra le preguntó a María Liz si sabía que otro chico de Baigorrita había nacido con la misma malformación. Se pusieron en contacto y luego de varios estudios genéticos, notaron que ninguna de las dos madres tenía posibilidades de haber generado la atresia esofágica en sus hijos. La única causa posible era la de un envenenamiento producido por el medio ambiente.

“Nos dijeron que era inconcebible que haya dos casos en un pueblito como el nuestro. Es una enfermedad que se da un caso cada cuatro millones en por lo menos cincuenta años –explica María Liz Robledo–. El problema es que la información está totalmente bloqueada. Tuvimos la suerte de que un médico de la Renac (Red Nacional de Anomalías Congénitas) conociera nuestros casos y nos hablara de los pesticidas. Y empezamos a entender los casos de cáncer en chicos jóvenes que hay acá, de próstata, de intestinos. Pero se hace muy difícil, los productores no quieren escuchar y no tenemos cómo defendernos si nadie hace cumplir las pocas leyes que tenemos para controlar estos productos que nos están arruinando la vida”.

A partir del contacto con la Renac, María Liz comenzó a trabajar con el Foro Ambientalista de General Viamonte –el partido dentro del que se encuentra Baigorrita–, y logró que el Concejo Deliberante aprobara en diciembre pasado una ordenanza que prohíbe el uso de pesticidas a menos de trescientos metros de la zona urbana. “Hace ya casi un año y todavía no se implementó. Nosotros necesitamos que sean por lo menos dos mil metros, tuvimos que pedir quinientos para que nos escucharan, pero ni siquiera respetan los trescientos que se aprobaron”, dice María Liz, que al comenzar a dar a conocer su historia se contactó con Juan Ignacio Pereyra, un abogado ambientalista de la localidad de Rojas que hoy será parte junto a ella de la comitiva argentina en La Haya, donde también estarán el médico y profesor de la Universidad Nacional de Rosario Damián Verzeñassi, que mostrará sus estudios hechos en la zona en relación a la exposición al Glifosato, y el productor agropecuario Diego Fernández, quien mostrará cómo mantuvo sus costos sin utilizar semillas transgénicas en el centro de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por el uso de pesticidas.

“En la Argentina, por parte de la Justicia y de la administración pública, hay una negativa a querer reconocer el problema”, asegura Juan Ignacio Pereyra en comunicación telefónica con Página/12 desde La Haya. “Frente a las denuncias por aplicaciones de pesticidas, no tienen voluntad de avanzar. Figuras en nuestro derecho ambiental existen, pero no están siendo aplicadas. En última instancia, lo que nos trae a todos a La Haya es la falta de respuestas a la violación constante de los derechos humanos y ambientales, por parte de corporaciones, que colocan en nuestros ambientes sustancias químicas contaminantes y nocivas para la salud de las personas que viven cerca de ellas”.

En paralelo a las audiencias que se harán en el Tribunal Internacional de La Haya (que podrán seguirse vía streamimg en la página web www.monsanto-tribunale.org), donde cinco jueces de trascendencia internacional escucharán los casos, la ciudad holandesa también será testigo de la Asamblea de los Pueblos, convocada por la Fundación Tribunal a Monsanto y que se transformará en el punto de encuentro para los denunciantes y quienes viajen a presenciar las audiencias, en las que habrá casos provenientes desde Brasil, México, Australia y Argentina hasta Estados Unidos, Canadá, India, Alemania y Dinamarca. “Vamos a mostrar pruebas de todo el mundo que certifican las responsabilidades de Monsanto, pruebas traídas por científicos, testigos y hasta dictámenes estatales y regionales, entre ellos el de la Comunidad Europea, que prohibió el uso de transgénicos en los alimentos, aunque luego extendió un permiso para el uso del glifosato por la presión económica que pudo ejercer Monsanto –asegura Pereyra–. Tenemos pruebas que hacen tan obvio todo lo que está sucediendo, que luego de presentarlas vamos a contar con este antecedente legal para juzgar a Monsanto ante todos los Estados del mundo”.

Una vez finalizado el juicio, las expectativas del Tribunal a Monsanto radican en que la Corte Internacional de La Haya reconozca, además de la responsabilidad de Monsanto en los casos de enfermedades y malformaciones que serán presentados, su incursión en el delito de ecocidio, entendido a partir del daño masivo al medio ambiente que están generando los productos fabricados por la corporación. De esta manera se abrirían dos canales para poder juzgar con causas penales a los directivos que Monsanto posee en sus distintas sedes alrededor del mundo, algo que hoy no puede ser llevado adelante ante la justicia de ningún país.

“Nosotros vivimos rodeados de tarros de agrotóxicos acumulados al lado de nuestras casas. Lo normal acá es ver depósitos en distintos terrenos en la zona poblada, escuchar que mucha gente joven se enferma y hasta muere de cáncer, también niños con leucemia, que lamentablemente fallecieron”, dice María Liz Robledo mientras va mostrando algunas de las fotos que tomó en su pueblo y presentará en La Haya, donde se ven los cielos oscurecidos por nubes de pesticidas. “Y lo normal también es escuchar el silencio de profesionales o la falta de compromiso para firmar y fundamentar un diagnóstico, o saber que la mayoría de los medios de comunicación se niegan a mostrar nuestra realidad. Lo normal es ver cómo nos fumigan a cincuenta metros de nuestras casas para matar algunas hierbas y dejar el terreno ‘limpio’. Y no hay herramientas legales para frenar a estas corporaciones, no hay una reglamentación vigente. Cuando Marie-Monique me propuso hablar sobre mi hija en el tribunal me pareció que era lo mejor que podía hacer, y no solo por Martina, que hoy no puede ir al jardín por sus problemas de respiración, sino para cualquier chico. Hoy a las personas que causan esto se las juzga, arreglan, tranzan y no pasa nada. Y lo mismo para los productores, que si bien son víctimas de todo un modelo de producción, tienen un grado de responsabilidad. Y para a los Estados y gobiernos que dan vía libre y que son cómplices de tanta enfermedad y tanta muerte. Todos tienen que ser juzgados por los crímenes que están cometiendo”.