El Gobierno sufrió ayer un importante revés legislativo en el tratamiento en Diputados del proyecto de régimen de participación público-privada en obras de infraestructura, el cual es resistido por la oposición por considerar que abre la puerta a un proceso privatizador y cede la jurisdicción a tribunales extranjeros en caso de diferendos legales entre el Estado y los inversores. En medio de un debate que no encontraba puntos de encuentro, el Frente para la Victoria presentó una moción para que el proyecto vuelva a comisión y sea discutido con más rigurosidad. La propuesta fue aprobada por 107 votos a favor, 105 negativos y 9 abstenciones y, ante un oficialismo perplejo por del desarrollo de la jornada, el proyecto volvió a comisión. La iniciativa original presentada por Cambiemos ya había recibido modificaciones durante la discusión en la Cámara alta y en el trabajo en Diputados se habían incorporados algunos puntos adicionales, aunque insuficientes, para hacer la ley menos benevolente para las grandes empresas extranjeras y darle mayor protección al Estado.
  El oficialismo contaba con los votos necesarios para la aprobación del proyecto con modificaciones y devolverlo al Senado a partir del apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Estos últimos dos bloques consideraban suficientes los cambios introducidos hasta el momento. Sin embargo, el diputado y sindicalista Abel Furlán (FpV) presentó una moción para que la iniciativa volviera a ser tratada en comisiones de la Cámara baja y el massismo y parte del justicialismo lo respaldaron. Tras la votación a favor de la moción, el radical Hugo Marcucci pidió la palabra para aclarar que su voto era en realidad negativo, con lo que la votación quedaba empatada en 106, pero ya se habían retirado los diputados del Frente Renovador y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dio por levantada la sesión.
  El gobierno publicitó el proyecto como una herramienta para potenciar la inversión en proyectos de infraestructura, vivienda, servicios e investigación, para lo cual privilegiaba la posición del sector privado hasta asegurar incluso márgenes de ganancias. “El proyecto incuba la posibilidad de privatizar los servicios públicos, a través del subterfugio de las    asociaciones público-privadas”, cuestionó el diputado Axel Kicillof (FpV), quien consideró insuficientes los cambios introducidos en Senado antes de ser girado a la Cámara baja. “¡No podemos ser un Parlamento cipayo! ¡Basta de entrega!”, se sumó su compañero de bloque, el chaqueño Juan Manuel Pedrini.
  Entre los principales cambios que se habían realizado en la Cámara alta, previo al tratamiento en Diputados, se destacaba un apartado que aseguraba el Compre Nacional, ya que pequeñas y medianas empresas reclamaban que quedaban afuera de la obra pública. El proyecto original no establecía ninguna obligación para contratar proveedoras y mano de obra local, lo que se contradecía con el supuesto espíritu del proyecto que, según el gobierno, era fomentar el empleo.
  Como en tantos otros temas, el macrismo justifica con la promesa de la creación de empleo todas las facilidades que otorga al sector privado. En este caso, la ley contemplaba en su artículo cuarto “permitir recuperar la inversión y el repago del financiamiento”, con el objetivo de “reducir el riesgo empresario”. Este artículo se propuso que fuera eliminado durante el tratamiento en Diputados, debido a que subordina al Estado a garantizar el resultado del socio privado. Además, la empresa que considere que la situación no haga viable su inversión podrá retirarse de la obra sin ningún tipo de penalización, pero en caso de un diferendo con el Estado podrá litigar en el exterior. “Está lleno de generalidades y ambigüedades, como hablar de rentabilidad razonable. ¿Quién determina la rentabilidad razonable?”, señalo a este diario el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), quien junto con el FpV solicitó que se reenvíe el proyecto a comisión de Diputados. Según explicó, estas garantías al sector privado “atentan contra la soberanía del país y el rol del Estado como garante del bienestar de toda la sociedad, dejándoles la posibilidad a los capitales privados de aplicar sus criterios de rentabilidad empresaria en bienes de dominio público”.
  Tampoco se destaca la transparencia de los procesos licitatorios, otro de los slogans de promoción de la iniciativa. Por ejemplo, el proyecto no obliga al Estado a publicar en el Boletín Oficial los procesos licitatorios de obra pública, lo que impide poder relevar si existe concentración en la adjudicación al no haber un registro público. “Vamos a contramano de los países centrales, planteando una apertura  irracional como en los 90; un Estado bobo que se va a ocupar de garantizar a las corporaciones rentabilidad mínimas sin riesgo empresario y asumiendo los costos ambientales”, criticó la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur). Desde el oficialismo, el radical Luis Pastori sostuvo que “no se está privatizando absolutamente nada, sino que se cambia la lógica (de contratación)”.