A pesar de la contundencia del reclamo que hizo la Organización de Naciones Unidas de “liberar de inmediato” a Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales trató de desacreditarlo: el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo que ese pedido “no es vinculante” y “ni siquiera es una recomendación” de la ONU, sino la "opinión de un organismo técnico dentro de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos". Además, señaló que se basó en información “desactualizada”.
La primera reacción del gobierno jujeña está en sintonía con lo que planteó luego de que se conociera el reclamo de la ONU el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el sentido de que lo dicho por ese organismo internacional no implica una obligación para el Estado argentino. Avruj afirmó también que la detención de Sala es una cuestión que atañe a la Justicia y en particular a la provincia de Jujuy, y que “la primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia, pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso”. “De la primera lectura no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión”, agregó el funcionario en diálogo con Página/12.
Miranda mantuvo el mismo discurso. "Tomaron como válida que la detención de Sala se refiere al ejercicio de un derecho a la protesta, conocido como el acampe (de diciembre en la plaza principal de Jujuy), y esto no es así: Sala ha sido excarcelada en esta causa y está detenida por otro tipo de hechos de corrupción graves", dijo en diálogo con radio Belgrano, en alusión a la seguidilla de causas que el Poder Judicial jujeño activó a partir de entonces y por las cuales la líder de la Tupac Amaru -privada de su libertad a mediados de febrero- continúa detenida.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró “arbitraria” la detención de Sala y demandó que sea liberada “de inmediato”. Ese organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades argentinas de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la también diputada del Parlasur. Además ordenó que se conceda a Sala una “reparación adecuada” y se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.
En contra de lo señalado por el organismo de la ONU, también el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, interpretó hoy que "hay razones como para considerar" Milagro Sala "tiene que ser detenida". “Ojo con algo: no es lo mismo Milagro Sala que cualquier persona que no tiene ningún margen de poder; ella era líder de una organización que manejó políticamente una provincia. Entonces las posibilidades de entorpecimiento de los procesos tienen que ver con el poder que alguien tenga", argumentó al hablar en la misma emisora.
