El abogado Mario Bosch, querellante en numerosas causas por crímenes de lesa humanidad y presidente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, murió ayer en la Ciudad de Buenos Aires, a la que había viajado para recibir hoy la Mención de Honor “Juana Azurduy de Padilla” del Senado de la Nación.

Integrante de H.I.J.O.S. Chaco, egresó como abogado de la Universidad Nacional del Nordeste en 1989 y fue un gran impulsor de los juicios a los represores. Trabajó activamente por la nulidad de las leyes de impunidad y actuó en representación de diversas querellas en causas por crímenes del terrorismo de Estado, incluidos los juicios de la “Masacre de Margarita Belén” y “Caballero”, en el Chaco. También en las causas Regimiento 9 y Panetta, en Corrientes; en la causa por secuestros y homicidios de trabajadores y vecinos del ingenio Ledesma, en Jujuy, y en la causa "Domato", en Formosa, entre otras.

A mediados de noviembre del año pasado, el abogado sufrió un extraño robo en su casa: dos encapuchados armados aparecieron en su pieza a las cinco de la mañana, lo esposaron como expertos, lo amordazaron, lo golpearon, se instalaron durante más de una hora y media pero llamativamente prefirieron dejar objetos de valor que estaban a la vista. Ante de irse le advirtieron: “Vas a aprender a mirar mejor con quién te metés”. Bosch vinculó entonces el robo a su actividad en los juicios a represores o en el Comité contra la Tortura.

A través de un comunicado, las Abuelas de Plaza de Mayo destacaron a Bosch como un “luchador incansable” y expresaron: “Lo recordaremos como un gran compañero, siempre esperanzado y totalmente comprometido con los derechos humanos”.

En tanto, el CELS destacó que el abogado “estaba en Buenos Aires para recibir un merecido premio que daba fe del compromiso de Mario con los derechos humanos”.

“Lideró la pelea por la creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Chaco. Desde el inicio entendió que ese lugar debía ser un punto de referencia para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales o penitenciarias en su provincia y también un espacio de diálogo con el gobierno local para lograr erradicar las prácticas de tortura y malos tratos”, recordó el organismo y sostuvo que esa ese mecanismo “mostró el camino que debían seguir los demás”.