El PAMI, la obra social de pensionados y jubilados, con alrededor de cinco millones de afiliados en el país, rescindió los convenios que regían desde 2005 e intimó a los médicos de cabecera a que firmen uno nuevo antes del 30 de noviembre. De lo contrario, quedarán excluidos del sistema. El nuevo contrato ofrecido a los médicos implica, en los hechos, un empeoramiento de las condiciones laborales, que ya distaba de ser buena. “Era malo el de antes y es peor el de ahora”, explicó a Página/12 Erick Mendoza Díaz, secretario general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y anunció que están evaluando medidas judiciales y además realizarán una marcha el jueves al mediodía hasta la sede central del PAMI, ubicada en Perú y Diagonal Sur. El médico de cabecera es el nexo entre los jubilados y la cobertura del PAMI, ya que a través suyo se realizan las prescripciones de medicamentos y las derivaciones para estudios, análisis y tratamientos. Un sistema recomendado por la OMS que orienta a los afiliados en el cuidado de su salud. La situación fue denunciada por la ex presidenta Cristina Kirchner en su muro de Facebook, donde advirtió que los médicos de cabecera estaban comenzando a recibir telegramas de despido. Además, denunció que el Gobierno intenta “precarizarlos” y reducir un 30 por ciento sus salarios. En concreto, se pasará de un sistema basado en un pago fijo per cápita (con un tope de 700 pacientes) a otro mixto regido por el pago por consulta, más una cápita. Se elimina en el nuevo sistema una serie de pagos extra e incentivos, como posgrados y zona desfavorable, y se deja sólo la cápita básica que en diciembre aumentará a $16 por afiliado, y en febrero de 2017 pasará a $20,37. El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, prometió además una “mejora salarial del 50 por ciento”. “El médico sólo va cobrar si trabaja”, enfatizó. Según explicaron desde la obra social a Página/12, el incremento no es directo sino que provendría de la sumatoria de la “pequeña cápita” que se mantiene y el pago por contraprestación. Los médicos tendrán que transmitir on line cada prestación (para cobrarla) y están obligados a usar receta electrónica. Regazzoni dijo que los profesionales pasarán a cobrar 35 mil pesos mensuales. Para llegar a esa cifra, el médico deberá atender a 340 pacientes (a razón de 70 pesos la consulta, según confirmaron desde PAMI) por mes: 15 jubilados por día hábil, casi dos por hora. Todo esto suponiendo que el médico cuenta con 700 afiliados, por los que recibirá $11.200 de cápita, y que casi la mitad decidan –mes a mes- atenderse por alguna razón. Para Mendoza Díaz, así planteado, el sistema de atención es inviable, ya que de ese monto hay que descontar una serie de gastos. “Al igual que en el convenio anterior, no se contemplan las vacaciones -es decir tenemos lucro cesante, no se cobra aguinaldo, se pagan impuestos y jubilación del propio bolsillo y todos los gastos administrativos, más el sueldo de la secretaria, corren por cuenta del profesional”, amplió. El dirigente reflotó un reclamo histórico: “Ningún tipo de contrato es el adecuado, lo lógico y normal sería que los médicos estemos en relación de dependencia”. Entre los puntos más preocupantes del convenio, señaló, se encuentra una cláusula en la que se les retiene dinero a los médicos en forma de garantía. Además, habrá que sumarle una presión extra. El PAMI apunta a expandir de 8 mil a 10 mil la cantidad de médicos de cabecera. Y a partir de diciembre, cuando entre en vigencia el nuevo convenio, los afiliados podrán cambiar de médico de cabecera cada dos meses. Hoy, el mínimo de permanencia es seis. En abril o mayo, se reducirá a un mes. El nuevo sistema nació, según indicó un vocero del PAMI, de las “quejas que nos llegaban de miles de pacientes que no eran atendidos como corresponde”. “No todos los médicos, pero sí muchos tenían una cápita grande y rara vez atendían a los abuelos. Con este nuevo sistema, queremos que sean mejor atendidos, y que haya incentivos para que los atiendan”, agregó. Con más de 80 mil millones de pesos, el PAMI posee el quinto presupuesto más alto de la Argentina, detrás del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. El 33% se gasta en la compra de medicamentos.