Jueces, fiscales y defensores oficiales crearon un “comité anti-traspaso” para resistir al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional para transferir toda la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que un sector del Poder Judicial se expresa en contra de la reorganización que pretende concretar el Gobierno nacional. Una agrupación interna de la Asociación de Magistrados creó un "comité de crisis anti traspaso" de los tribunales nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El Comité estará integrado por los jueces Claudio Kiper y Sebastián Picasso por el fuero Civil; Roberto Pompa, por la Justicia Laboral; la procuradora general adjunta Adriana García Netto, por el Ministerio Público Fiscal, y Cecilia Mage, por los defensores oficiales. "El único objetivo perseguido es detener el intento de entrega y/o desguace de la Justicia Nacional, utilizando los instrumentos que sean necesarios y que estén a nuestro alcance", proclamó la agrupación disidente de la conducción de la Asociación de Magistrados, que también está en contra del traspaso, aunque luego de una resistencia inicial no volvió a pronunciarse. El comité convocó "a todos los interesados a formar parte activa de la discusión, de los distintos fueros involucrados y aportar ideas o propuestas en tal sentido". La iniciativa ya recibió el impulso de la opositora Lista Celeste, "ante las noticias del fin de semana, sobre el inminente traspaso de la Justicia Nacional a la CABA". La creación del Comité obedece a "la inacción de la Asociación de Magistrados", explicaron en un documento. Según trascendió, el Ejecutivo prevé apurar para fin de mes el tratamiento del proyecto ideado por el ministro Germán Garavano, Justicia 2020, que propone el traspaso de todas las competencias nacionales pendientes –penal, civil, comercial y laboral- a la órbita porteña. Garavano presiona en el Senado para que su iniciativa no sucumba frente al embate de los jueces nacionales que, desde el comienzo, se opusieron a la iniciativa. El proyecto ingresó a principios de este año al Congreso, pero no logró prosperar. La Asociación de Magistrados, que reúne a la mayoría de los jueces federales, expresó entonces “preocupación” al considerar que “no sólo resulta debatible y cuestionable la constitucionalidad, sino que tampoco obedece a inquietudes ni requerimientos de la ciudadanía ni de los litigantes, y que –de concretarse- no contribuiría a mejorar el funcionamiento de los tribunales involucrados, existiendo un serio riesgo de que se tornara económicamente inviable”. Entre las principales razones por las que los magistrados se oponen al traspaso, hay cuestiones vinculadas a la situación laboral y también simbólica de los jueces. Hoy, los jueces nacionales tienen un mejor salario que los jueces porteños. Además, pretenden mantener la obra social y la caja jubilatoria. Una fuente judicial que pidió anonimato explicó, también, que “los jueces federales viven esto como una degradación, una rebaja de su estatus porque de pasan de ser `nacionales` a `municipales`”. En paralelo, surgen otras implicancias en el cambio que disgustan a los magistrados. Los pliegos de los jueces federales –que atienden casos en la Ciudad- se discuten en el Senado, con el voto de legisladores de todo el país. Esto permite una ronda de negociaciones muy amplia, con su adosada y extensa red de relaciones posibles. De prosperar el traspaso, los nombramientos pasarían a discutirse en la Legislatura porteña, un ámbito mucho más acotado. “También es cierto –agregó otra fuente judicial- que los jueces tienen mayor peso relativo en el ámbito nacional. Allí son una corporación mucho más fuerte, para las cosas malas, pero también para las buenas.” En este clima, los legisladores de Cambiemos deberán cosechar el apoyo opositor para concretar los deseos del ministro Garavano.