A primera hora de la tarde en Jujuy, los militantes de la Tupac Amaru sintieron algo de alivio al conocerse la liberación de dos detenidas. Horas más tarde el alivio se transformó en preocupación: otras tres tupaqueras fueron llevadas a prisión. María Molina y Elba Jesús Galarza recibieron la orden de liberación por parte del juez Pablo Pullen Llermanos, quien las mantuvo encarceladas en la Comisaría de la Mujer desde abril, cuando al mismo tiempo libró una orden de detención contra Milagro Sala como coautora de tentativa de homicidio basada en la declaración de uno de los procesados, liberado tras declarar contra la líder de la Tupac, y su hija. Horas más tarde Elsa, María y Adriana Condorí que integran la organización barrial fueron detenidas por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy, y por esto se encuentran imputadas como partícipes de asociación ilícita, informaron hoy fuentes judiciales. Las liberaciones y nuevas detenciones se produjeron en momentos en que el Gobierno argentino se resiste a cumplir la resolución de Naciones Unidas de terminar con la prisión de la diputada del Parlasur que lleva 300 días privada de su libertad.

Molina, una de las liberadas, había iniciado una huelga de hambre en junio, a dos meses de la detención para reclamar por las condiciones "inhumanas" de la comisaría en la que permaneció detenida. En ese sentido, la Tupac denunció una maniobra judicial impulsada por el juez Pullen Llermanos para detener a integrantes de la organización y advirtió que la privación de la libertad en esa dependencia incumplía el fallo de la Corte Suprema al respecto.

Llermanos avanzó contra las militantes de la Tupac en el marco de la investigación de un hecho ocurrido el 27 de octubre de 2007 en el que dos bandas habrían intentado con arma de fuego matar a Alberto Cardozo en el Barrio San Francisco de Alava y en el tiroteo fue herida una niña de 11 años.

Los protagonistas del tiroteo fueron Jorge Rafael Paes y Fabián Ávila, quienes en 2010 fueron procesados por homicidio en grado de tentativa. Ávila fue detenido rápidamente, mientras que Paes permaneció prófugo hasta febrero de este año.

En el expediente, cinco testigos declararon haber visto a Páes bajar del auto y disparar en contra de Cardozo junto con Ávila. Sin embargo, el juez tras obtener una declaración de Paes y de su hija, Yesica Paes, contra Galarza, Molina y Sala, ordenó primero la detención domiciliaria del procesado y luego lo sobreseyó.

Jorge y Yésica Páes habían declarado que Galarza falsificó documentos públicos para otorgarle al procesado por la tentativa de homicidio una capacitación laboral, mientras que su hija aseguró que Molina se había acercado hasta la casa de los Paes para transmitirle un mensaje de Milagro en el que le habría dicho que no le haga transferencias de dinero al padre sino que se lo entregara en mano. El juez tomó esos testimonios como pruebas y sin generar ninguna medida probatoria encarceló en abril a las dos militantes.

La Comisaría de la Mujer en la que permanecían detenidas Molina y Galarza fue la misma en la que inició su detención Milagro Sala en enero, antes de ser traslada a la Unidad Penal de Alto Comedero. En ese momento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, Julia Perié, denunció las pésimas condiciones del lugar, entre ellas, goteras en las celdas, colchones en el piso y falta de agua caliente.

La orden de liberar a los dos militantes por parte del juez Llermanos llega a dos semanas de la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que exige al gobierno nacional “liberar de inmediato” a Milagro Sala por considerar “arbitraria” su detención, lo mismo que la Tupac reclamaba por los casos de Molina y Galarza.

Hoy, una delegación del comité por la liberación de Milagro Sala planteó a la embajada de Francia el incumplimiento del gobierno argentino a la resolución de la ONU y mañana harán lo propio en al embajada de España. Por otro lado, además de las nuevas tres detenidas, otro de los imputados, José Choque, quien sería el chofer de Milagro Sala, se presentó para ser notificado de la imputación como "partícipe necesario de fraude a la administración pública" y se retiró, ya que no pesa sobre él ninguna orden de detención. Los cuatro fueron notificados de la ampliación de imputación en la causa que formuló el fiscal de Investigación Diego Cussel.