El proyecto, impulsado y votado por la gobernante coalición de izquierda del presidente socialista Tabaré Vázquez y apoyado también por los partidos conservadores Blanco y Colorado, fue aprobado esta madrugada por la unanimidad de los 84 diputados presentes, una semana después de su aprobación en Diputados.

El denominado Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que generó fisuras y oposición en la gobernante izquierda uruguaya, incluye cláusulas que según sus críticos lo transforman en una especie de ALCA enmascarado que condena a las empresas uruguayas a competir con empresas estadounidenses más poderosas.

Antes de la votación, la bancada oficialista del Frente Amplio resovió el "mandato imperativo" a favor del Tratado, es decir la obligatoriedad de todos sus representantes de votarlo.

Durante la sesión, que comenzó ayer al atardecer y culminó a las 2 de la madrugada de hoy hora local (la 1 en Argentina), las barras fueron desalojadas luego de que asistentes insultaron a los gritos a los diputados frenteamplistas.

Hubieron también gritos y fuertes discusiones de los representantes, y el diputado blanco Jorge Gandini desafió a pelear a su colega frenteamplista Alvaro Vega, lo que fue impedido por otros parlamentarios.

En tanto, afuera un centenar de militantes de izquierda opuestos al Tratado realizaron manifestaciones en torno al Palacio Legislativo, interrumpieron el tránsito con neumáticos encendidos y quemaron banderas de Estados Unidos.

El acuerdo comercial fue firmado en febrero último por el ex presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, pocos días antes de finalizar su mandato.

Ante la oposición que el acuerdo generó en la izquierda, el presidente Vázquez renegoció algunas cláusulas con las autoridades estadounidenses el pasado 5 de noviembre, durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, y logró cambios en el texto.

Aunque Vázquez consiguió alinear a la mayoría de los legisladores del Frente Amplio, el Tratado siguió siendo rechazado por algunos sectores de la izquierda, en especial por las bases de la coalición de gobierno y los partidos Comunista, 26 de Marzo y Corriente de Izquierda, sin representación parlamentaria.

Los partidos conservadores Blanco y Colorado respaldaron el Tratado, aunque sus legisladores ironizaron en sus intervenciones por lo que consideraron "cambios de postura de la izquierda".

Los detractores del tratado cuestionan algunos artículos en particular, así como la cláusula que establece el mecanismo de solución de diferendos.

Los críticos dicen que el artículo 3, que obliga a Uruguay a trasladar automáticamente a las empresas estadounidenses cualquier beneficio que dé a compañías de otro país, menos los del Mercosur, coarta en la práctica la posibilidad de acordar ventajas comerciales con otro Estado sin tener que dársela también a Estados Unidos.

Otro artículo cuestionado, el 17, estipula que cualquiera de los dos países puede negar los beneficios del Tratado a empresas del otro asociada a un tercer Estado que no tenga relaciones con el país que niega los beneficios.

Los opositores dicen que esto es ridículo, porque Uruguay no tiene enemigos, porque la medida supone apoyar de hecho el bloqueo a Cuba contra el que Uruguay votó en la ONU, y permitirá a Washington negar beneficios a firmas uruguayas asociadas a capitales venezolanos, cubanos o iraníes, por ejemplo.

Además, en caso de diferencias no superadas por tribunales nacionales, el inversor podrá apelar ante el Presidente del Banco Mundial, que es el estadounidense Paul Wolfowitz, quien ordena un procedimiento interno privado y secreto del que surge el fallo.

Según los detractores del Tratado, este arbitraje internacional no ofrece ninguna garantía ni debe ser reconocido, porque una de las partes es también juez y está armado para favorecer a las trasnacionales.

Los críticos también afirman que el Tratado forma parte de la estrategia de Estados Unidos de firmar acuerdos bilaterales con la mayor cantidad de países americanos tras el fracaso de su intento de imponer el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Tras la aprobación en Diputados, el Tratado de Inversiones completó su sanción legislativa, y ahora sólo le resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.

Informe: José Luis Meirás