Los relatores sobre la Tortura, Manfred Nowak, la Independencia de Jueces, Leandro Despouy, la Libertad de Religión, Asma Jahangir,el Derecho a la Salud Física y Mental, Paul Hunt, y la presidenta del grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Leila Zerrougui, emitieron hoy su informe final sobre la situación de los prisioneros en la base naval estadounidense de Guantánamo.

Los expertos de la ONU lamentaron que las autoridades de Estados Unidos les hayan negado un acceso libre a esos detenidos, así como la posibilidad de entrevistarlos de manera privada, tal como lo permiten los gobiernos de todos los países que visitan en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, criticaron que el Ejecutivo estadounidense actúe en los casos de esos detenidos -unos 500 según las organizaciones de derechos humanos- "como juez, fiscal y defensor, lo que viola las garantías del derecho a un proceso justo". En un informe de 54 páginas, los cinco relatores pasan revista a una serie de nociones legales aplicables a los detenidos en la bahía cubana, así como a los derechos que les son negados, al tiempo que cuestiona las técnicas utilizadas en los interrogatorios y las condiciones de detención. Además, hace mención a las reiteradas alegaciones sobre el "uso de violencia excesiva", que en algunas circunstancias ha sido registrada mediante fotografías y vídeos.

El grupo de relatores, nombrados por la Comisión de Derechos umanos de la ONU pero que actúan de manera independiente, critica igualmente a Washington por sus "intentos de redefinir la tortura en función de la lucha contra el terrorismo para permitir ciertas técnicas de interrogación" que están prohibidas a nivel internacional.

"La confusión en los últimos años frente a lo que son técnicas de interrogación autorizadas y no autorizadas es particularmente alarmante", indican en su documento, elaborado durante los últimos seis meses. El asunto de los actos que equivalen a la tortura, así como de otros tratos crueles y degradantes, representa gran parte de las preocupaciones expresadas por los relatores en su informe.

En ese sentido, el texto afirma que ciertas modalidades de interrogación "autorizadas por el Departamento de Defensa de EEUU violan la Convención contra la Tortura, particularmente si son utilizadas de manera simultánea". También transgrede ese instrumento internacional "la ausencia de cualquier investigación imparcial sobre las alegaciones de torturas, lo que deriva en la impunidad de los responsables", agrega. Asimismo, los relatores subrayan que "todas las condiciones de confinamiento en Guantánamo constituyen una violación al derecho a la salud", debido a que provocan "un profundo deterioro de la salud mental de los detenidos". A ese respecto, también expresan su preocupación por las denuncias sobre "violaciones de los estándares éticos por parte del personal médico" que trabaja en ese centro de detención abierto tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU.

Fuente: EFE