Esta mañana también fue indagado el ex oficial de la marina, Antonio Pernías, quien contó que cuando se registró el hecho que se le atribuye él estaba en Europa, informaron fuentes judiciales. Astiz, quien cumple prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad, fue trasladado esta mañana a los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres, a cargo de esa causa.

El trámite, con la intervención del secretario Diego Slupsky y el fiscal Eduardo Taiano, duró poco más de una hora, pero la mayor parte la insumió la lectura de los cargos y pruebas por los hechos, porque el ex marino, asistido por el defensor oficial Roberto Catinelli, rehusó contestar preguntas.

Los casos son los de los detenidos y desaparecidos Ricardo Héctor Coquet, María Inés Imaz de Allende, Alfredo Margari y María Eva Bernst de Hansen, todos pertenecientes al "legajo" de la investigación caratulado como de la "Iglesia de la Santa Cruz".

En diciembre de 1977, en esa iglesia del barrio porteño de Balvanera, donde Astiz habría actuado infiltrándose entre los asistentes, fueron secuestrados familiares de desaparecidos. Astiz, de traje gris, camisa blanca y corbata azul, ingresó al juzgado de Torres minutos antes de las 8.30 y, conducido y custodiado por fuerzas de seguridad, fue retirado a las 9.45 para ser trasladado a la base naval de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, donde cumple prisión preventiva.

Pernías, asistido por su abogado defensor Florencio Varela, fue interrogado por la privación ilegal de la libertad y desaparición forzosa de Amalia Larralde. El ex marino afirmó que en agosto de 1978, cuando según las constancias del expediente se registró el hecho, él estaba en Francia, por lo que negó cualquier tipo de responsabidad en este caso puntual.

Al ser requerido sobre particularidades del ilícito contra Larralde, Pernías se remitió a presentaciones anteriores, por lo que se dio por concluído el interrogatorio. Ayer, otros ex oficiales de la armada detenidos por delitos en la ESMA, Jorge Radice, Ernesto Weber y Jorge Perrén, tampoco accedieron a responder preguntas sobre desaparecidos que pasaron por ese centro de detención clandestino durante el último gobierno de facto.

Las ampliaciones de indagatorias -y dos ordenes internacionales de captura- fueron dispuestas por Torres ante el requerimiento formulado meses atrás por Taiano. El fiscal solicitó al magistrado 295 indagatorias a imputados para cerrar la etapa de instrucción y elevar la causa a plenario. El primer caso enviado a juicio fue el del subprefecto Héctor Febres, también implicado en delitos de lesa humanidad como privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. La "megacausa" por ilícitos en la ESMA se reabrió en setiembre de 2003, después de que el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Fuente: Télam