Los pobladores que se consideran damnificados por la represa Yacyretá exigieron la presencia del procurador general de la nación, Esteban Righi, en busca de una respuesta al reclamo judicial para indemnizaciones por expropiaciones que afectaron a más de un millar de personas.

La medida, que afecta el transporte internacional de cargas, de pasajeros y el vecinal, comenzó en forma sorpresiva esta mañana, alrededor de las 10.

Unicamente se habilitó el paso hacia uno y otro lado de la frontera en casos excepcionales como la circulación de ambulancias o razones personales de urgencia.

Unas 500 personas participaron de la manifestación que se instaló en el acceso a la cabecera argentina del puente San Roque González de Santa Cruz, donde gendarmes y policías provinciales se dividen la jurisdicción, con el propósito de evitar desbordes o situaciones de conflicto.

Hasta pasadas las 13.30, cuando los jefes del Resguardo Puente Internacional de Gendarmería llegaron a un acuerdo con los referentes de la protesta, se produjeron roces entre manifestantes y automovilistas, demorados durante horas.

Ante esa situación, el comandante de Gendarmería, Gabriel Pellegrino, y el abogado que representa a los manifestantes, Eduardo Falicoff, iniciaron conversaciones para flexibilizar el corte.

Por la tarde, la protesta continuó, aunque con la reanudación del tránsito durante lapsos de 15 minutos, cada tres horas.

"La protesta continuará hasta que se haga presente el procurador general de la Nación, Esteban Righi", dijo el abogado, en alusión a la demanda por el pago de indemnizaciones por 300 millones de pesos a raíz de expropiaciones que radicó en representación de 1.200 personas.

Asimismo, Falicoff mencionó entre los reclamos el concepto de "desarraigo" de quienes fueron afectados a cota 76, al tener en cuenta que ahora el nivel del río Paraná "ya se encuentra a cota 78, siguen afectando a más gente y todavía no pagaron el resarcimiento anterior".

El abogado también calificó de "ilegal" la elevación de la cota y se apoyó en un expediente judicial impulsado en 1994 ante la Justicia Federal, que dio curso a un amparo y a un compromiso de la EBY, en ese entonces, de "no subir la cota hasta que finalicen las relocalizaciones y el pago de indemnizaciones".

De la protesta participan pescadores, lavanderas, fabricantes de ladrillos (aquí llamados oleros), cortadores de juncos y hasta propietarios de la zona afectada, en Posadas, por la represa.

Desde la Entidad Binacional dijeron que los manifestantes "ya cuentan con viviendas adjudicadas", aunque en un área distante de la zona urbana de Posadas.

El nivel de enfrentamiento aumentó en los últimos días ante la decisión de EBY de elevar el nivel del Paraná, para alcanzar en un plazo relativamente breve la cota 78 y aumentar la generación de energía de la represa, emplazada en Ituzaingó, Corrientes, 85 kilómetros aguas abajo.

Fuente: DYN