Garrido pidió al juez que anule los decretos 2745/90 y 1002/89, que dejaron a salvo de la persecusión penal a Martínez de Hoz y Harguindeguy, en una causa vinculada al supuesto secuestro de dos empresarios por cuestiones que nada tenían que ver con su ideología política.

Según relató el fiscal en un extenso escrito, al que tuvo acceso DyN, "el 5 de noviembre de 1976, por Decreto PEN n° 2840, se arrestó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a Federico y Miguel Ernesto Gutheim", en virtud de la "primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República".

La detención duró cinco meses y dos días, pues "el 6 de abril de 1977, mediante decreto 949, se dejó sin efecto el arresto a disposición del PEN de los Gutheim. Los considerandos del decreto rezan 'que han desaparecido las causas que determinaron las medidas adoptadas por Decreto 2840/76'", sostiene el escrito de Garrido.

"El arresto originario fue realizado por fuerzas del Ejército que se presentaron en el domicilio de los nombrados... el grupo del Ejército actuó sin una orden escrita e incluso demostró una particular discrecionalidad para aprehender personas, llevándose a Gutheim hijo por su condición de tal", añade.

Para Garrido, "el verdadero móvil de la detención fue presionar a los detenidos para que negociaran con representantes de empresas extranjeras a raíz de la frustración de un negocio de exportación de la que José Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita oficial a Hong Kong".

"A tal fin, y mientras estaban detenidos, se los trasladó en cuatro oportunidades a oficinas en las que se desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y también con la presencia de un representante del Ministerio de Economía... en ellas se exhortaba a las partes a encontrar una solución. Los Gutheim ofrecieron diferentes soluciones y los empresarios extranjeros exigían el pago de 2,5 millones de dólares por los perjuicios sufridos", recordó Garrido.

Harguindeguy y el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla estuvieron detenidos en 1988 por esta causa, no así Martínez de Hoz; pero en octubre de 1989, setiembre de 1990 y enero de 1991 el gobierno de Carlos Menem dictó sendos decretos por los cuales fueron indultados los tres, con lo cual quedaron sobreseidos.

El fiscal Garrido, al pedir la nulidad de los indultos, citó jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos e incluso de la propia Corte Suprema argentina.

"Los secuestros de Federico y Miguel Ernesto Gutheim se inscribieron de una práctica generalizada y en sí mismos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, con las consecuencias que de ello se desprenden", abundó.

En ese contexto, analizó que "frente a graves violaciones de los derechos humanos, como los secuestros investigados en autos, los decretos de indulto implicaron precisamente la oclusión de la posibilidad de dar cumplimiento al deber del Estado argentino de investigarlos y sancionarlos".

"Más allá de la existencia de la facultad de indultar en cabeza del Poder Ejecutivo... no caben dudas de que tales indultos violan el derecho internacional de los derechos humanos al consagrar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y, por ende, deben seguir la misma suerte que las leyes de punto final y obediencia debida, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", concluyó Garrido.

Fuente: DYN