La sala III de la Cámara, integrada por los jueces Carlos Greco y Jorge Argento, rechazó el reclamo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), que promovió una acción de amparo destinada a impedir la reducción de integrantes del Consejo, el organismo creado por la enmienda constitucional de 1994 para elegir y sancionar jueces, y para administrar los fondos del Poder Judicial.

La AABA planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.080, de reforma del Consejo, y cuando la administración Kirchner respondió la demanda ante la Justicia, no sólo defendió la norma sino que, además, dijo que ningún juez debería expedirse sobre su validez.

"Es simplemente imposible que un juez conozca desde ahora que la ley (de reforma del Consejo) va a producir efectos disvaliosos para la República. Esa será (...) la tarea del soberano, a través de sus representantes", escribió el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

La ley 26.080, aún no reglamentada, redujo de 20 a 13 el número de consejeros y alteró la paridad entre representantes de distintos sectores -abogados, legisladores, académicos, Poder Ejecutivo- por lo que fue rechazada por la oposición política, jueces y letrados.

Hoy la sala III de la Cámara rehusó dictar la medida cautelar solicitada por la Asociación de Abogados aunque, en realidad, el tribunal no se expidió aún sobre la cuestión de fondo. Es decir que aún resta que determine si la reforma es violatoria de la Constitución Nacional.

En cualquier caso, la validez de la reforma será resuelta por la Corte Suprema de Justicia, que revisará los fallos de la Cámara.

La juez Claudia Rodriguez Vidal ya había rechazado la medida cautelar solicitada mediante una resolución que fue apelada por la AABA ante la Cámara, la cual confirmó ahora la decisión de la magistrada.

El Gobierno de Kirchner había recusado a la juez Rodríguez Vidal, pero la Cámara determinó su continuidad al frente de las demandas contra la reforma del Consejo.

En su descargo, el Gobierno dijo ante la Justicia que la Constitución "evita deliberadamente fijar la composición numérica" del Consejo y "hace posible que la ley resuelva con menor rigidez el punto".

"Equilibrio entre representaciones no equivale a igualdad. La desproporción política es evidente y se incrementa respecto a los senadores", ya que los candidatos a jueces elegidos por el Consejo deben, luego, someterse a la aprobación de la Cámara alta, razonó el procurador.

Y subrayó que "en modo alguno el Poder Ejecutivo podría poseer una posición hegemónica (en el consejo) ya que en el peor de los supuestos poseería un 38,69 por ciento".

Distintas es la evaluación de los opositores a la reforma, que consideran que la medida aumentó las chances del oficialismo de incidir en el nombramiento de los jueces y en el destino de magistrados poco afines a la Casa Rosada.