Algunos propietarios de colegios, molestos con la medida, advirtieron que podrían "cerrar sus puertas" si se concreta el embargo de bienes.

En todos los casos se trata de establecimientos educativos que según las autoridades del IPS "no han demostrado voluntad de pago a pesar de las facilidades que se le otorgaron para regularizar su deuda".

La medida fue dispuesta luego de que sólo 23 por ciento de 3.334 colegios de la provincia, intimados por una deuda cercana a 100 millones de pesos, se adhirió a los planes de pago promovidos por el organismo provincial para regularizar su situación antes de diciembre pasado.

El Instituto adelantó que con el fin de cobrar parte de la deuda acumulada resolvió en las últimas horas elevar los 63 casos más graves a la Fiscalía de Estado, para que trabe embargos de bienes.

Las autoridades bonaerenses estudian hace meses el comportamiento previsional de los establecimientos privados frente a las alternativas de pago oficiales.

Sólo 23 por ciento de los 3.334 servicios intimados se inscribió en algún plan de pago, mientras que el 77 por ciento restante desoyó la convocatoria oficial.

En noviembre, autoridades previsionales bonaerenses lanzaron un período de prueba hasta diciembre de este año, por el que emitieron libre deudas condicionados, para posibilitar a los colegios en mora poner en marcha la Educación Secundaria Básica (ESB), que requería contar con el libre deuda que expende el IPS, según marca la disposición 324/05.

Los inscriptos ingresarán en planes de pagos especiales, mientras el resto de los casos es analizado en profundidad por el IPS.

Fuentes de ese organismo revelaron que se apartó a un grupo de 63 colegios que son los mayores deudores, en todos los casos grandes establecimientos con posibilidades de pago.

Ese grupo es al parecer el primero en convertirse en títulos ejecutivos que serán elevados a la Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en el embargo de bienes y equipamiento para que el estado cobre la deuda previsional.

Las mismas fuentes dijeron que se trabaja en la detección de los escuelas que nunca pagaron en tiempo y forma los aportes previsionales de su personal.

Hacia ellos apuntara en primera instancia, al parecer, el accionar oficial antes de que finalice el año en curso.