El subsecretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud mendocino, Fernando Sherbotsky, confirmó la noticia en conferencia de prensa, en la que precisó también que se "preservaron elementos de prueba" en caso de que la Justicia, que investiga la violación, pida una prueba de ADN para hallar al responsable del delito.

En ese parte, se confirmó la "interrupción del embarazo" y se precisó que se llevó a cabo ayer a las 21 en un hospital público, aunque los funcionarios decidieron mantener en reserva cuál de esos centros y la identidad de los médicos intervinientes, por razones de seguridad, ante las "amenazas" recibidas.

En ese sentido, alegaron en el parte oficial que fue practicado "con el máximo respeto a la intimidad de la paciente y de la familia, como así también preservando la integridad del equipo médico".

Tanto la familia como los médicos, en especial del Hospital Lagomaggiore, el de mayor complejidad de la provincia, recibieron amenazas en los últimos días de parte de sectores antiabortistas. El aborto, agregó el comunicado oficial, fue practicado "a pedido" de la madre de la joven, Ana Rosa Gazzoli, y "en cumplimiento de obligaciones impuestas al Ministerio por la Justicia", en referencia al fallo emitido en ese sentido en primera instancia por el juez de Familia, Germán Ferrer, y la Suprema Corte provincial, que contradijo a una Cámara de Apelaciones que había frenado esa práctica médica.

Asimismo, precisó que la joven "evolucionó favorablemente" y por eso los médicos "le dieron el alta hoy". El gobierno precisó que la realización del aborto fue informada a la fiscalía que investiga la violación de la joven y señaló que "personal del Cuerpo Médico Forense se encargó de preservar los elementos de prueba que posibiliten un futuro cotejo de ADN con quien resulte imputado en la causa oportunamente iniciada".

Tras la lectura del comunicado, la subsecretaria de Promoción de la Salud provincial, Claudia García, destacó que en este caso "han funcionado las instituciones", ya que intervino primero la Justicia y luego el sistema de salud, que "dio respuesta a una orden judicial cumpliendo con un derecho ciudadano".

En ese sentido, sostuvo que este hecho "marca una diferencia de la provincia respecto del resto del país", ya que se envía a la sociedad un mensaje que indica, "no sólo que las instituciones funcionan y dan una respuesta, sino un mensaje de no a la clandestinidad".

Hizo así evidente referencia al caso similar ocurrido en el distrito bonaerense donde, a pesar de haber existido la orden judicial, una joven discapacitada y violada en Guernica debió ser llevada por su familia a un centro de salud privado para que le fuera practicado un aborto.

Claudia, que desde hoy se encontraba en su casa, continuará siendo controlada por un "médico clínico que vamos a poner nosotros", precisó por su parte Sherbotzky.

Asimismo, insistió en que se "guardará el secreto" respecto del lugar y los médicos que practicaron el aborto, pero confirmó que se trató de personal del sector público.

Fuente: DyN