"Evidentemente se me quiere involucrar y vincular a un hecho policial delictivo que investiga un magistrado del distrito judicial Norte, en el que no me encuentro imputado ni involucrado", señala la nota que le envió anoche al titular del Legislativo provincial Manuel Santiago Godoy.

Y añade que con ello "de alguna manera se quieren buscar consecuencias políticas arrastrando a la provincia, la Legislatura, Partido Justicialista y a sus autoridades".

Ante esa situación "he decidido en forma indeclinable solicitar mi desafuero para ponerme a disposición de la justicia".

El crimen ocurrió el 21 de septiembre pasado en la provincia de Salta, donde una pequeña productora rural de Salvador Mazza que luchaba por la libre circulación por caminos locales bloqueados y que había denunciado, por su supuesta vinculación con el narcotráfico, a un diputado provincial apareció acuchillada y con su boca completamente tajeada.

En tanto, el secretario de Seguridad de la provincia Gustavo Ferraris ratificó hoy que "existen móviles políticos en el asesinato de Liliana Ledesma. El crimen es un hecho policial".

"Tanto la policía como la Justicia están actuando independientemente, lo cual se corrobora con la detención en menos de 48 horas de los presuntos autores", agregó.

Ratificó que el diputado Aparicio "no está involucrado en las investigaciones" y aseveró una vez más que "resulta peligroso para la democracia la pretensión de extender la responsabilidad de un hecho policial a alguien por una circunstancial cuestión de parentesco".

Estas reacciones surgieron luego de que un grupo de diputados nacionales, encabezados por Miguel Bonasso, lanzaron ayer la hipótesis de una supuesta vinculación mafiosa entre la droga y la política que se entrelanzarían en el asesinato de la trabajadora rural.

Fuente: Télam