El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) volvió a cuestionar medidas judiciales que autorizan la utilización de topadoras y fuerzas de seguridad para desalojar campos en la que hace decenas de años viven familias campesinas santiagueñas.

El reclamo de los campesinos surgió tras una serie de procedimientos que derivaron en enfrentamientos armados entre la policía y campesinos, que se niegan a cumplir con las órdenes judiciales de desalojo.

En los últimos tiempos, el MOCASE realizó distintas movilizaciones a los Tribunales de Santiago del Estero, en reclamo de la tenencia de tierras y la derogación de una ley que "habilita el desalojo" de pequeños agricultores.

Los campesinos insisten en la normalización de los títulos de tenencia de la tierra de las familias campesinas, reconociendo el derecho a poseerlas en propiedad "por trabajarla durante decenas de años".

En reiteradas oportunidades, el MOCASE pidió la derogación del artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional, que habilita a desalojar a familias acusadas de intrusas ante el sólo pedido del supuesto daño y con el único requisito de que el derecho invocado sea verosímil.

Los campesinos denunciaron que el trámite se logra con "la simple presentación de una escritura pública, demostrando su carácter registral de dueño y permite negociados entre inmobiliarias y políticos, que adquieren campos por miserables pesos y luego los venden por millones".

Asimismo, sigue pendiente de resolución una denuncia contra el vicepresidente de la Legislatura de Santiago del Estero, Juan Simón, acusado de dirigir un desalojo de campesinos, en su condición de abogado contratado por un empresario porteño.

Precisamente, el cuestionado legislador fue el impulsor y autor del artículo 182 bis que posibilita los desalojos de los campesinos que reclaman su derogación.

Fuente: Télam