Organizaciones relacionadas con la educación, sindicatos docentes de 6 provincias pertenecientes a CTERA, la CONADU Histórica, federaciones estudiantiles como la FUA, FUBA, FUC, entre otras, realizarán un encuentro que denominaron Congreso Nacional de Educación y que se llevará a cabo en Buenos Aires los días 27 y 28 de Octubre.

Los debates tendrán lugar en establecimientos educativos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura será este viernes a las 18 hs el en la sede de Filosofia de la UBA (Puán 480), también será sede del encuentro el Normal 4 de Rivadavia 4950 donde habrá paneles temáticos a cargo de diferentes representantes gremiales y especialistas en educación.

El día sábado se funcionará en comisiones también temáticas que deliberarán, desde las 9 hs. y durante todo el día, en el Normal 2 Mariano Acosta de Urquiza 277.

El Congreso tiene por objeto abordar el debate sobre la política educativa del gobierno y elaborar una respuesta al proyecto de Ley oficial en discusión que en opinión de los convocantes resulta una continuidad de la Reforma Educativa puesta en marcha durante los 90 con la Ley Federal 24195 que se piensa derogar.

Los convocantes alertan en su documento que el proyecto oficial significa una "profundización de la desregulación del sistema educativo en el mismo sentido que fue afectada la salud y los derechos sociales durante la década anterior, lo que se concretaría a través de una mayor amplitud de subsidios a establecimientos privados y organizaciones sociales y políticas y que significaría un atentado contra el carácter público del sistema incluso estatal, generando nuevas formas de discriminación social y relegando a las escuelas públicas a espacios de concentración de la pobreza y la exclusión".

Los documentos preparatorios que pueden encontrarse en internet son exhaustivos en la crítica a la Ley de Financiamiento a la que el proyecto remite como caso cerrado. A juicio de sus autores, esta ley no resuelve el problema de fragmentación y desigualdad educativa a la que condujo la Ley de Transferencias que en el 92 se sancionó en atención a los requerimientos del Plan Brady del 91 firmados por el entonces Ministro Cavallo.

Dicha Ley mantiene la actual desigualdad estableciendo un sistema de compensaciones condicionada a formas de controles políticos nacionales, que sin embargo, no garantiza la igualdad en la inversión educativa en todas las provincias. Baste señalar como ejemplo que las diferencias entre provincias de gasto por alumno hoy son de 1 a 4.

Otro tema de preocupación considerable es lo que denominan un diseño de mayor "tecnocratización" del sistema que expropia al docente de aula su saber hacer creando carreras de directivos por fuera de la experiencia frente a alumnos así como un creciente desarrollo macrocefálico de un ministerio que controla todo como el "panóptico" sin por ello garantizar los derechos.

En su mayoría, se trata de entidades que se consideran protagonistas de la resitencia a la Ley Federal desde su primer borrador en el 92, cuando, argumentan, las principales conducciones sindicales docentes y sus parlamentarios la aprobaban .

Los debates son abiertos y sus asistentes consideran que deberían cerrar con una propuesta nacional de acción que impida que el Congreso sancione esta ley y se convoque a un "profundo debate nacional para elaborar un proyecto de educación realmente alternativo al existente".