De esa manera las fuentes desmintieron la versión acerca de que el juez federal Raúl Acosta, de San Rafael, Mendoza, había ordenado las detenciones de la ex mandataria y los ex ministros, tal y como había asegurado en su edición de hoy el diario de la provincia cuyana "Los Andes" y reprodujeron otros medios de comunicación.

La solicitud del magistrado de la ciudad del sur de Mendoza requiriendo la "actualización de domicilios" particulares fue cursada tanto al Gobierno provincial como a la delegación de la Policía Federal en San Rafael, según confirmaron el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, y las fuentes policiales.

En el caso del oficio recibido en la casa de Gobierno provincial, el juez también pidió una copia de la nómina completa aquellos años de los miembros del Poder Ejecutivo de Mendoza, el cual en 1974 tuvo a Cafiero como interventor enviado por el Gobierno nacional.

Tanto Marinelli como los voceros de la Policía Federal precisaron que no recibieron ordenes de detenciones de María Estela Martínez de Perón y los ex ministros de su Gobierno, que sucedió al de Juan Perón desde el 2 de julio de 1974 hasta el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 perpetrado por las fuerzas armadas.

Según la noticia publicada por "Los Andes", el pedido del juez Acosta guardaría relación con la causa judicial en que se investiga la desaparición de Héctor Fagetti, ocurrida el 25 de febrero de 1976, o sea durante el Gobierno de 'Isabel' Perón, así como las detenciones ilegales de menores de edad.

El diario, que fundó su información en fuentes judiciales, a la vez que aclaró que Acosta se negó a formular declaraciones al respecto, aseveró que la medida dispuesta por el juez es el paso previo para solicitar sus detenciones.

El magistrado involucró a los ex ministros de Economía, Cafiero, y de Trabajo, Ruckauf, porque junto al fallecido ex presidente provisional del Senado Italo Lúder firmaron tres decretos que habrían habilitado la comisión de esos delitos.

Según la información brindada por el matutino, el juez involucró de la misma forma en la causa al fallecido ex ministro del Interior del gobierno de Isabel, Angel Federico Robledo, al entonces canciller Manuel Arauz Castex y el ex ministro de Defensa Tomás Vottero y el ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery.

Fuentes judiciales citadas por el diario mendocino indicaron que el juez consideró la existencia de responsabilidad de los ex funcionarios en que todos firmaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 de 1975 por el que se formó el Consejo de Seguridad y Interna y se autorizó a los gobierno provinciales a poner bajo control de la Nación a las fuerzas de seguridad "para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

Esos mismos decretos habilitaron "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación" a "ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

El abogado de la ex presidenta "Isabelita" Perón, Raúl Acosta, dijo a radio Mitre que él se enteró "por la prensa" de la presunta causa en contra de su cliente.

Por su parte tanto Cafiero como Ruckauf salieron a hablar del tema por varias radios y canales de televisión.

El actual diputado peronista afirmó que el Gobierno de 'Isabel' Perón, del cual fue ministro de Trabajo, "no permitía la represión ilegal", pese a que organismos humanitarios calculan que entonces hubo unos 800 ejecutados y desaparecidos por fuerzas paraestatales.

En cambio, el ex senador admitió que en esa época hubo "hechos aislados" de terrorismo de Estado a la vez que sostuvo que su posible imputación en un caso de violaciones a los Derechos Humanos es "otra difamación" en contra suyo.

Fuente: DYN