La norma, que beneficia a unos 1.500 deudores hipotecarios, pero deja afuera a los deudores bancarios, calculados en 85 mil, fue aprobada por 129 votos afirmativos, contra 25 negativos y 3 abstenciones.

La ley establece una instancia de conciliación entre acreedor y deudor, pero, de persistir los desacuerdos entre las partes, prevé un mecanismo para que la deuda pueda ser calculada por la justicia.

El presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Luis Cigogna, defendió la iniciativa del oficialismo y dijo que se trata de "una ley interpretativa y aclaratoria".

Comentó que establece un coeficiente de pago de las deudas de "1.83 pesos por cada dólar en su origen frente a los 3,10 pesos del valor dólar actual" y destacó que después de que el juez calculé el monto el deudor "tiene 45 días para efectuar el pago", contra los diez días que establecía el proyecto original.

Entre los críticos se encolumnó el macrista Federico Pinedo, quien recordó a "(Karl) Marx" para cuestionar que la ley fija el valor del dólar.

"Marx decía que la moneda es una mercancía que sirve como medio de pago y como medio cambio", dijo Pinedo y apuntó que "creer que la moneda es inventar billetes e imponer valores es que no saber nada de economía".

Además, opinó que con esta propuesta se quiere "dictar sentencia por ley" y aventuró que "la ley puede ser declarada inconstitucional el día de mañana".

La arista bonaerense Marta Maffei fue de otra de las más contra el proyecto y acusó al oficialismo de tener "los ojos cerrados" porque no trató en comisión "ninguno" de los 21 proyectos presentados por los legisladores sobre esta problemática.

Calificó a la ley como "una verdadera necedad" y vaticinó que "tampoco va a resolver absolutamente nada en el fondo de la cuestión, puede aliviar la situación de algunos pero queda afuera la gran mayoría de los deudores".

Para la radical chaqueña Liliana Bayonzo "es una norma que va a resolver un problema grave, pero el grueso de los deudores hipotecarios está en los pre-convertibilidad, que también son víctimas del Estado porque fue el Estado el que cambió las reglas".

El justicialista nacional Jorge Sarghini acusó a la norma de "desproteger al deudor" y que "nada dice de las costas (que puedan surgir de los juicios)" y que "en ningún momento se asiste a los deudores por parte del Estado".

La ley, aprobada por unanimidad la semana anterior en el Senado, solo contempla a 8.600 casos, confiaron fuentes legislativas.

"La determinación no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30 por ciento de la diferencia entre dicha parida y la cotización libre del dólar", más "un interés cuya tasa no podrá ser superior al 2,5 por ciento anual por todo concepto", dice el texto en uno de los apartados.

También dispone que, "en caso de que el pago sea realizado en forma parcial o total con aportes del fondo fiduciario, el plazo (de liquidación de la deuda) podrá extenderse hasta 45 días".

Tras la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas a principios de 2002, el gobierno había organizado un Sistema de Refinanciación Hipotecaria, por la cual el Estado, a través del Banco Nación, se hizo cargo de las deudas contraídas con las entidades no bancarias, aunque por un valor equivalente 1 dólar = 1,40 peso más CVS (Coeficiente de Variación Salarial).

Pero esta solución no conformó a muchos acreedores, y a pesar de que el Congreso dictó sucesivas leyes para suspender ejecuciones hipotecarias para deudores encuadrados en este proyecto, los jueces no impidieron los remates de viviendas.

Al establecer un sistema de recálculo, la norma insiste en la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, que ya fue varias veces prorrogada a pesar de que los jueces han rechazado en varias oportunidades esa medida.

Fuente: DYN