Fuentes judiciales informaron que la denuncia es por los presuntos delitos de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta" -con penas de hasta 10 años de prisión- y recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Carlos Cearras.

El jubilado Roberto Blanco, de 70 años, representado por la abogada Liliana Zabala, recordó a la Justicia que la ley 23.696, que 1989 reguló las privatizaciones de empresas estatales como ENTEL e "innovó en los procesos privatizadores" incorporando los Planes de Propiedad Participada (PPP).

Mediante aquel plan, remarcó, se otorgaban acciones a los trabajadores y obligaba a las privatizadas a "emitir bonos de participación en las ganancias para el personal" de manera que cada empleado de Telefónica y Telecom iba a recibir "una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia".

Sin embargo, según el denunciante, Alsogaray cuando era interventora de ENTEL y dirigió el proceso de privatización de la compañía "omitió" esa obligación de emitir bonos de participación en las ganancias al elaborar los estatutos de las licenciatarias que prestarían el servicio.

Y dos años más tarde, el 5 de noviembre de 1992, el ministro Díaz impulsó el decreto 395/92 del Gobierno del entonces presidente Carlos Menem por el cual se estableció que las licenciatarias "no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal", añadió.

Por eso, para Blanco y su abogada, el decreto del Gobierno menemista "violenta derechos subjetivos de los trabajadores telefónicos, establecidos previamente a su favor" y "se cercena un derecho adquirido por ley, por un decreto", y "vulnera la garantía constitucional de protección a la propiedad privada".

Todo ello, concluyó, ha posibilitado que las licenciatarias telefónicas "acrecentaran su patrimonio en detrimento al de los trabajadores, al no pagar los bonos de participación en las ganancias".

Al respecto, la denuncia incluyó una carta del interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, José Luis Palazo, del 23 de noviembre de 1992, dirigida a los presidentes de Telecom y Telefónica y en la cual les preguntaba si "a la luz del último decreto se consideran satisfechos".

Por este tema de la implementación del PPP de los telefónicos y la administración de esos valores ya hay una megademanda en el fuero civil por parte de 1.600 trabajadores del sector, que se encuentra a la espera de una resolución final en la Corte Suprema de Justicia.

Así como hay una causa penal, en trámite desde hace varios años, por el juez federal Guillermo Montenegro contra el secretario general del sindicato FOETRA, Rogelio Rodríguez, por supuesto "fraude" en la administración de las acciones telefónicas que corresponden a los trabajadores.