Los grupos ambientalistas dijeron que las dilaciones en el tratamiento de la norma provocan "la pérdida de una oportunidad única para darle una solución expedita, constitucional y legal a un problema que pone en riesgo la existencia misma de los bosques y ecosistemas nativos en la Argentina".

La misiva fue rubricada por la Asociación Ecologista Cuñá Pirú y las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN), M'Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental de Paraná, Patagonia Natural y Proteger de Santa Fe, entre otras.