Representantes de diversas organizaciones sociales se concentraron en el límite entre ambas ciudades para protestar contra la intención de sectores políticos de incluir en el nuevo texto constitucional el cambio de sede de gobierno, y acusaron a los departamentos de la "media luna" (los opositores Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) de apoyar la medida con fines políticos.

"El Alto se pone nuevamente de pie, ante una decisión que la consideramos injusta y que está atentando contra la unidad del país", dijo el alcalde de El Alto, Fanor Nava.

El alcalde anticipó que ésta medida es el inicio de otras movilizaciones que se convocarán en los próximos días en coordinación con las organizaciones de La Paz para "llegar al cabildo del millón", contrarrestando otro similar que se reunió en diciembre de 2006 en Santa Cruz (este), para exigir una autonomía del centralismo de La Paz.

Nava pidió a los dirigentes y departamentos que apoyan el cambio de sede de no insistir con este pedido que podría llevar "incluso al enfrentamiento entre bolivianos".

El Alcalde de El Alto recordó que los pobladores de esta ciudad, aproximadamente 700.000 habitantes, fueron los que iniciaron la movilización de octubre de 2005 en defensa del gas y que fue fundamental para la renuncia del ex presidente conservador Gonzalo Sánchez de Lozada, que huyó del país tras la resistencia civil que se saldó con la muerte de más de 60 personas y casi medio centenar de heridos.

"No es posible que la media luna este conspirando contra la integridad de Bolivia, El Alto ha defendido los intereses del país, los recursos naturales y ahora defenderá la sede", señaló de su parte Clemente Rodríguez, presidente del Comité Cívico de las 20 provincias de La Paz.

El dirigente campesino coincidió con todos los oradores del cabildo al afirmar que no se puede "arrebatar la sede a La Paz", un departamento que ha servido mucho tiempo a los otros departamentos de Bolivia, además del costo que significaría el traslado calculado en más de 700 millones de dólares.

El cabildo convocado por la Central Obrera Regional advirtió en organizar una marcha hacia la sureña Sucre, donde delibera la Asamblea Constituyente, para evitar que la medida sea aprobada en el nuevo texto constitucional.