Durante la tercera audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la evolución de los trabajos de saneamiento de la cuenca hídrica, Picolotti sostuvo que 260 personas, entre ellas la fiscalía especial en materia de delitos ambientales, controlando "la calidad del aire y las condiciones de vertido de efluentes líquidos", para "atenuar el impacto negativo" de las empresas que continúan contaminando.

Ello ocurre pese a que casi un centenar de empresas fueron clausuradas precisamente por esa razón.

Ante los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda y Carmen Argibay, Picolotti reivindicó la "decisión del gobierno nacional de tratar como cuestión de Estado las políticas ambientales" y en el punto específico del Riachuelo destacó que el objetivo es "fortalecer la atención integral de personas y comunidades" afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

La funcionaria criticó los informes negativos elaborados por técnicos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero cada uno a su turno, los querellantes en la causa por la contaminación deslizaron sus críticas contra lo actuado hasta ahora desde el Estado y respaldaron las conclusiones de los expertos universitarios.

El ombudsman nacional Mondino advirtió que "en materia sanitaria no hay ningún plan y reclamó a la Corte que "establezca un cronograma preciso que permita verificar avances en el tema sanitario".

Entretanto, Mondino consideró que se deben tomar los recaudos necesarios para atender "a la población" y sancionar "a los funcionarios públicos que se retrasen en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte".

El ombudsman sugirió que se aplicaran multas, y lo recaudado fuera destinado a la atención sanitaria de los vecinos afectados por la contaminación.

Andrés Nápoli, vocero de las ONG's Ambientalistas, pidió la reformulación del plan estatal, al que consideró "deficiente", pues hasta el momento no ha informado adecuadamente sobre "cuáles son las industrias que contaminan, cuántas, dónde están, o cuáles se clausuraron".

El contador Pedro Alberti, quien ofició como vocero de los vecinos de La Boca, avaló el informe de la UBA y denunció una "perturbación ecológica abrumadora que exige auxilio externo inmediato".

La audiencia se extenderá por la tarde y fuentes de la Corte no descartaron que se prolongue en los días subsiguientes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a las 13.15 un cuarto intermedio hasta mañana en la tercera audiencia sobre el programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Mañana, a las 10 cuando se reanude la audiencia, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, replicará las exposiciones de las otras partes y los terceros que expusieron en esta jornada, tras lo cual responderá las preguntas que le hagan los ministros del Máximo Tribunal.