La convocatoria fue realizada por el Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuclea a unas 400 instituciones.

"Queremos llamar la atención sobre la situación de millones de argentinos que no pueden gozar de la igualdad de oportunidades, proclamadas en nuestra Constitución", señaló el sacerdote Pablo Molero, presidente del foro.

Molero precisó que "venimos a pedirles a los senadores que traten el proyecto de ley sobre el certificado de discapacidad que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara Diputados en 2006 y que durante este año todavía no se trató".

"El certificado, es la llave para hacer uso de los derechos que tienen las personas discapacitadas", afirmó.

El 80 por ciento de los discapacitados en la Argentina -unos 2 millones de personas- no tiene la credencial que acredita su situación, mientras que el 3 por ciento desconoce que pueden realizar ese trámite, y sólo el 14 por ciento lo posee. Eso significa que la mayoría de ellos no gozan de los derechos y beneficios que el certificado concede: acceso al transporte público, pensiones asistenciales, escolaridad, al tratamiento adecuado en instituciones públicas y en obras sociales, los tratamientos de rehabilitación y a la colocación de prótesis.

El proyecto del ley aprobado en la Cámara baja permite que las personas con discapacidad motora, auditiva o mental o que padezcan una afección que las haga dependientes y no les permita realizar una vida normal, puedan tramitar su certificado en el hospital más cercano a su domicilio y asegurar su validez en todo el país.

El sacerdote comentó que "la unificación de los certificados es clave, porque uno de los problemas es que las credenciales provinciales no son válidas en todo el país".

En la actualidad, el certificado sólo se puede tramitar en el Servicio Nacional de Rehabilitación que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, y sólo dos provincias tienen habilitada una red de Juntas Médicas que certifican la discapacidad: Córdoba y Santa Fe.

En tanto, en la mayoría de las provincias funciona una sola Junta de Certificación y suele estar en la ciudad capital, mientras que otras otorgan certificados provinciales que fuera de esa jurisdicción carecen de validez.

"Así, la tramitación de la credencial resulta engorrosa y poco eficiente", aseguró Molero y destacó que "el proyecto delega potestad en las provincias para emitir los certificados nacionales", al tiempo que prevé "la formación de más Juntas de Certificación de la Discapacidad".

Por último, el presidente del foro recordó que "también solicitamos a los diputados y senadores la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la ONU aprobó a fines del año pasado y que recientemente firmó nuestro país".

A su lado, Raquel, mamá de Romina, una chica de 17 años con síndrome de down, estimó que "es muy importante este acto, porque quizá los gobernantes tomen conciencia".

"Nosotros somos de La Matanza -un partido del oeste del conurbano- y padecemos a diario el no poder viajar en colectivo, porque algunas líneas no nos reconocen el derecho", añadió.

Por su parte, Carlos, padre de José, un joven ciego de 15 años, comentó que "todos los discapacitados merecen la oportunidad de ser tratados bien y no como ciudadanos de segunda".