Se trata de Jorge Norberto Ramos, quien se desempeñó como subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, cuando el mendocino Eduardo Bauzá estaba al frente de esa repartición en la Casa Rosada, e intervino en las tratativas con los representantes de la firma "Sikorsky Aircraft División".

Ramos fue denunciado en la Justicia por la Oficina Anticorrupción (OA) y en primera instancia el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó, pero ahora los camaristas de la Sala I Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah revocaron ese fallo, informaron fuentes judiciales.

En la causa número 6.996/03 "Ramos, Jorge Norberto s/ exacciones ilegales agravadas", los jueces entendieron que el imputado infringió los artículos 266 y 267 del Código Penal que castigan con prisión de hasta cuatro años al funcionario que "abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".

Si el funcionario "empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años", indica el artículo 267.

Los magistrados tuvieron por acreditados "los reiterados pedidos formulados de modo insistente por el encausado (Ramos) a personas ubicadas en distintas líneas o ámbitos de representación del grupo empresarial mencionado", en la operación comercial.

Y añadieron que esa conducta "efectivamente configuraría la exigencia típicamente requerida como requisito necesario para considerar consumada la figura básica de la concusión", o sea la exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.

Los camaristas avisaron del riesgo de prescripción al señalar que "la vigencia de la acción penal se hallaría próxima a expirar", pues se van a cumplir cuatro años desde la denuncia original sin causal interruptiva, y en consecuencia recomendaron que se "deberán extremar los recaudos" para la pronta elevación a juicio oral.

En el expediente declararon los representantes de Sikorsky y aseguraron que Ramos los recibía en el despacho que ocupaba en el ex edificio Somisa, sobre la avenida Julio A. Roca, y allí, según la denuncia, les habría pedido una comisión ilegal para que el Gobierno de Menem concretara la compra del helicóptero "Sikorsky S 70" por 16 millones de dólares.

Frente a la negativa de esos intermediarios alegando que las leyes de los Estados Unidos castigan el pago de sobornos en el extranjero, los voceros recordaron que finalmente el Gobierno de Menem tomó contacto directo con la dirección de Sikorsky, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, y compró por decreto la aeronave, que aún hoy forma parte de la flota de la Presidencia.