Familiares de los cinco manifestantes ultimados en la represión del 20 de diciembre de 2001, cuando De la Rúa renunció en medio de protestas en las que murieron 33 personas en todo el país, habían advertido sobre la estrategia conjunta desplegada por ex policías y por el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, para impugnar la causa y evitar el juicio oral.

El abogado Pablo Jacoby, defensor de Santos, argumentó que la juez federal María Servini de Cubría actuó con "ausencia de imparcialidad" en la investigación de los crímenes porque la magistrada "fue parte en los hechos" registrados a metros de la Casa Rosada el penúltimo jueves de diciembre de 2001.

Servini "impartió órdenes que influyeron en el curso de los acontecimientos", sostuvo Jacoby.

La juez se encontraba de turno aquel jueves, constituyó su juzgado en la comisaría 2da. de la Policía Federal y, desde la seccional, ordenó al entonces presidente De la Rúa poner fin al accionar policial contra manifestantes, el cual se tornó violento desde el mediodía, cuando agentes a caballo desalojaron a Madres de Plaza de Mayo que marchaban frente a la Casa Rosada.

La represión continuó a lo largo de una jornada en la que finalmente De la Rúa dimitió con apenas medio mandato cumplido. Para entonces, cinco manifestantes habían sido asesinados en el centro porteño.

Con la intervención de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, Servini investigó los crímenes y adjudicó responsabilidad a la policía, que disparó contra manifestantes desarmados, según consta en las resoluciones que, oportunamente, fueron homologadas por la Cámara Federal porteña.

Cuando Servini ya había clausurado la etapa instructoria para elevar el caso a un tribunal oral, resolvió apartarse y el expediente quedó en manos de su colega Claudio Bonadío, que ahora deberá expedirse sobre el planteo de nulidad presentado por Jacoby.

La Cámara ordenó a Bonadío remitir a un tribunal oral la causa contra Santos, Mathov y los entonces comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, que están procesados por los crímenes del 20 de diciembre, cuando además 227 personas fueron heridas.

Familiares de los manifestantes Diego Lamagna (27 años), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23) y Alberto Márquez (57), asesinados en la represión de diciembre de 2001, reclamaron ante los tribunales y públicamente la urgente sustanciación del juicio oral.

"Está todo listo como para que se pueda castigar a los culpables, pero el sistema vuelve las cosas para atrás. No vamos a bajar los brazos para que la justicia siga siendo injusta. De la Rúa está libre y nuestros familiares ya no están", dijo María Arena, viuda de Riva, al anticipar el 21 de setiembre pasado el planteo que la defensa de Santos formalizó hoy.

La Cámara ordenó investigar a De la Rúa por homicidios y lesiones culposas.

"Aquel 20 de diciembre la gente gritaba 'que se vayan todos', pero siguen estando todos menos mi hijo y otras víctimas", enunció Martha Almirón, madre de Carlos, un joven de 23 años que murió en la represión ilegal desplegada el día de la renuncia del radical.