La fórmula de reparto vigente hasta hoy era de 50 por ciento para el Estado y otro tanto para las empresas privadas, cuyo representante, Fernando Santos, calificó de confiscatoria la medida.

El mandatario ecuatoriano insistió en que se trata de las utilidades extraordinarias que produzca la venta del petróleo, es decir las que vayan más allá de lo establecido en los contratos vigentes.

"Jamás volveremos a permitir que se haga con este recurso no renovable, que pertenece a los ecuatorianos, lo que se ha hecho en el pasado", manifestó Correa.

El ministro de Petróleo de Ecuador, Galo Chiriboga, enfatizó que el decreto "no nacionaliza nada", sino que reordena condiciones sobre ganancias extraordinarias, por lo que las empresas no trabajarán a pérdida.

Ecuador aspira a que éste sea el primer paso para una renegociación de los contratos petroleros que comenzaría la próxima semana, para que, entre otros temas, se cambie la actual figura contractual de concesión a la de prestación de servicios.

El representante de las petroleras privadas, Fernando Santos, dijo que esta medida excede el límite del 60 por ciento establecido para cualquier tipo de impuestos en la legislación internacional, por lo que la considera confiscatoria y sería argumento para demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano.

El canciller de Brasil, Celso Amorín, que inició una visita ayer a Ecuador, anunció que se pronunciaría hoy en Quito sobre el tema, pero adelantó su desacuerdo con esta medida que afecta los intereses de la brasileña Petrobras en Ecuador.