Mié 21.11.2007

00:00  › VECINOS DEL BARRIO ILLIA DENUNCIAN AL GOBIERNO DE LA CIUDAD POR CONTAMINACIóN

Utilizaron amianto para las construcciones

Vecinos del barrio Illia, ubicado en el Bajo Flores, hicieron pública hoy una denuncia contra el gobierno de la ciudad, que, según dijeron, los "expuso durante casi 20 años a la nocividad del amianto" con el que se construyeron techos y tanques de agua de casas que les fueron concedidas en 1988, en un Plan Municipal de Viviendas.

Según explicaron hoy a través de un comunicado los letrados que representan al colectivo afectado, habría unas "7.000 víctimas", de las cuales "murieron 250", en tanto que otras "sufren cáncer de pulmón, enfermedades crónicas respiratorias, afecciones dérmicas y gástricas, como así también edemas".

Se trata de 924 familias residentes en el Barrio Illia, donde ocupan viviendas de dos plantas, la mayoría de las cuales tiene techos de "amianto, material prohibido hace más de 25 años, al comprobarse que es cancerígeno", según la información proporcionada.

Al parecer, los vecinos requirieron asistencia profesional, que les permitió "confirmar que las muertes (de vecinos) habían sido provocadas por el asbesto o amianto con el cual estaban construidos los techos y los tanques de agua de las sus casas".

"En agosto de 2007 los vecinos hacen reclamos ante la Defensoría del Pueblo, quien reconoce la nocividad del material", agregó la información, según la cual el ente público sugirió a la Ciudad "que tome medidas, remplazando techos y tanques, por el alto riego al que se exponen los vecinos".

En ese contexto, "el ente municipal llama a reunión a los vecinos e informa de la obra para reemplazar los techos. A fin de ese mes comienza la obra, contratan a hijos de vecinos del barrio y no informan cómo debe tratarse el material, altamente nocivo para la salud", denunció el texto.

"El reclamo se encuentra en instancia administrativa interpuesto ante la mesa general de entradas del Gobierno de la Ciudad bajo registro numero 18953/07", agregó la información.

En ese contexto fue que el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Guillermo Treacy dispuso impedir que siguieran las obras, hasta tanto "se tomen los recaudos de seguridad necesarios" para trasladar el material.

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