"No puede haber un modelo de acumulación con inclusión social, si no es mediante una equitativa distribución de la riqueza" enfatizó la cúpula de la CTA en un documento que dio a conocer esta tarde, en el microestadio del Club Ferro Carril Oeste, de esta capital.

En su propuesta por un "nuevo modelo productivo y distributivo", la CTA sostuvo que los acuerdos desarrollados a través de la paritaria social deben llevar "un proceso conciente de reparación histórica de los desplazados por el neoconservadurismo" y convocó al Estado a "asumir la defensa del interés de las mayorías".

El pronunciamiento cuenta con el aval de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), la Federación Agraria (FAA) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), entre otras organizaciones sociales.

En ese marco, las organizaciones se comprometieron a "contribuir" en el proceso de creación de "herramientas" destinadas a lograr el "fortalecimiento de la organización popular" con espacios de discusión de propuestas de políticas públicas y medidas orientadas a generar "mejores condiciones de vida", para la gente.

La CTA, que espera que el Gobierno le otorgue la personería gremial antes de fin de año, señaló que la implementación de una "nueva política laboral y social reclama el fomento a la pequeña y mediana empresa (PyMES), pretende cambiar el marco regulatorio del sistema financiero y tributario y potenciar la producción agraria".

Para eso, la CTA insistió con que debe establecer como prioridad nacional una "más justa distribución de la riqueza, sustentada en una política de recuperación progresiva de los salarios junto a la cantidad y calidad del empleo".

Agregó que debe existir una "intervención" estatal que establezca parámetros de las ganancias de las grandes empresas acorde con la rentabilidad adecuada".

Propuso además el "fomento de las herramientas de la democracia participativa y de la consulta popular".

Solicitó la "plena participación de las organizaciones populares en la elaboración e implementación de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población".

Y dijo que aspira a la "recuperación de la capacidad del Estado, para incidir en el proceso económico-social mediante mecanismos que permitan el control democrático de las áreas y recursos estratégicos para desarrollar el proyecto nacional y popular".

La CTA, formuló estos reclamos en el "quinto año consecutivo de crecimiento del país" donde los indicadores económicos reflejan un "elevado superavit fiscal y del producto bruto interno".