Los once detenidos de la protesta del Casino Puerto Madero fueron liberados esta mañana en medio de reclamos de los empleados por el violento accionar de la Prefectura y contra la empresa concesionaria de la sala de juegos, a la que acusan de despedir "sin causa" a decenas de trabajadores.

Poco antes del mediodía, los empleados del Casino porteño, que llevan casi tres semanas de paro, se aprestaban a marchar desde el Obelisco al ministerio de Trabajo, "para pedirle a (el titular de la cartera, Carlos) Tomada que tome cartas en el asunto, que intime a la empresa a reincorporar a los despedidos".

Todo comenzó alrededor de las 22 horas del día martes, mientras los trabajadores se encontraban en asamblea debatiendo los reclamos que realizarían en el Ministerio de Trabajo, luego de la movilización que estaba prevista para este miércoles a las 16 horas en el Obelisco, donde realizarían uno de sus "casinos itinerantes", y que se adelantó para las 12 horas luego de los hechos ocurridos.

El grupo Albatros avanzó contra los trabajadores a fin de abrir un cordón para permitir el ingreso de clientes al Casino. Inmediatamente los empleados bloquearon la avenida y fue entonces cuando comenzó la represión con gases lacrimógenos y bastonazos. Los trabajadores fueron corridos hasta Ingeniero Huergo y Chile, en ningún momento se mostró la orden judicial de desalojo, ni se informo sobre quien dio la orden de actuar a la Prefectura.

“Desalojaron una de las entradas, nuestras carpas fueron valladas sin una orden de desalojo, en una ilegalidad total, violando una orden de la justicia que indica que nosotros podemos reclamar libremente y que las medidas que tenga que tomar no sea en perjuicio de nuestro reclamo. Tenemos varios compañeros detenidos, hay gente de civil que no se identifica, una vez más fuimos brutalmente reprimidos. Estábamos en una asamblea en una de las puertas sin provocar ningún incidente.” declaró uno de los delegados.

“El operativo se realiza en forma absolutamente ilegítima e ilegal, sin mostrar siquiera una orden de desalojo de alguna autoridad judicial”, declaró, mientras era llevado detenido por efectivos de Prefectura, Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores despedidos del Casino y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

El abogado Moyano es además parte de la querella contra el ex Prefecto Héctor Febres, quien está siendo juzgado por desapariciones y torturas en la ESMA durante la dictadura .

Voceros de la empresa gerenciadora de la casa de apuestas manifestaron a los medios que los prefectos trazaron un cordón para habilitar el acceso de los automovilistas al predio negando que la intención fuera el desalojo. Sin embargo una delegada del Casino, manifestó que fueron desalojados completamente del Puerto, que luego fue completamente vallado.

Los representantes gremiales detallaron que siete manifestantes fueron apresados y llevados a una dependencia de la Prefectura en Retiro, otros tres a La Boca, y sobre el restante dijeron desconocer su paradero.

"El último mensaje que mandó era: 'me están deteniendo'", aseguraron los delegados.

"Soportamos dos veces ataques de la patota del SOMU y ahora esta represión salvaje en la oscuridad de Puerto Madero", dijeron.

Un efectivo de la Prefectura Naval fue herido de gravedad durante la represión y 13 personas, entre uniformados y manifestantes, lesionados o contusos.

El agente herido "tiene derrame cerebral y sangre en los pulmones", dijo un portavoz de esa fuerza de seguridad.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuestionó hoy a los prefectos.

"Nosotros dimos instrucciones precisas al respecto: el personal de Prefectura está allí en forma preventiva, de forma de cuidar la situación de la zona y no para participar activamente en un hecho de estas características ni liberando la puerta de nada", explicó el funcionario nacional.

Según Fernández, "no había ninguna instrucción de nuestra parte para desalojar. Di instrucciones para que se separe a los responsables de este operativo, que serán sancionados como corresponde. No tienen nada que hacer en esta discusión, que se tienen que resolver en el marco que corresponde. No se va a resolver participando la Prefectura".

El abogado Rubén Tripi afirmó que ya que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró esta mañana que no dio órdenes de reprimir a los prefectos que intervinieron anoche, las detenciones no tienen razón de ser.

Tripi y uno de los delegados de los trabajadores del casino flotante pidieron esta mañana que "de inmediato" liberen a los diez empleados detenidos durante los incidentes anoche, al considerar que son "ilegítimos".

En un comunicado difundido esta madrugada los delegados gremiales señalaron que “los trabajadores responsabilizamos por estos hechos al empresario de la camarilla kirchnerista Cristóbal López, al Sr. Daniel Amoroso Secretario General del Gremio quien no se pone al frente de este conflicto dejando a sus afiliados sin el respaldo del sindicato (Aleara), al Sr. Ministro de Trabajo Carlos Tomada por no haber cumplido con sus deberes de funcionario público y ser cómplice de esta actitud criminal”.

“Esto constituye un gran escándalo político a nivel nacional reclamamos por la libertad de nuestros compañeros detenidos, la reincorporación de los trabajadores despedidos”, reclamaron.

En el comunicado los delegados del Casino se solidarizaron con “el personal de prefectura que se encuentra herido y sus familias, víctimas de quienes mandaron a reprimir”.

Los accesos al casino estuvieron bloqueados 18 días, luego que fueran despedidos 90 trabajadores.

El conflicto en incluye también una disputa por el encuadramiento sindical de los trabajadores del casino, que funciona en un buque anclado en el puerto porteño, entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento y Recreacion (ALEARA), pertenencia que reclaman los trabajadores del casino, y el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), que considera que los trabajadores deben ser encuadrados dentro de sus filas por tratarse de personal embarcado.

El momento más complicado del conflicto se produjo el 9 de noviembre pasado, cuando un grupo de más de 40 hombres, que responden al dirigente Omar "Caballo" Suárez, del SOMU, interrumpiera a los golpes una asamblea de trabajadores/as donde se debatía sobre la reducción horaria y otros reclamos laborales.