La ley 26.305, sancionada en noviembre de este año y promulgada el 17 de diciembre último, aprueba la Convención que surgió de la Conferencia General de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en París en octubre del 2005.

La Convención afirma que "la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad", y sostiene que las distintas expresiones culturales de las comunidades, los pueblos y las naciones, son uno de sus principales motores del desarrollo sostenible.

En este contexto, plantea la necesidad de adoptar medidas para proteger esta diversidad, y "especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo".

La Convención define a la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades.

Su contenido se refiere "al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan".

Asimismo, plantea la adopción de medidas encaminadas a su preservación, salvaguarda y enriquecimiento a través de políticas relativas a la cultura tanto locales, como nacionales, regionales o internacionales.

La Convención establece los derechos y obligaciones de las partes "de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos".

En este marco, las autoridades respectivas definirán medidas reglamentarias de aliento a distintas organizaciones, de asistencia financiera pública, de promoción, protección e intercambio de las expresiones.

El acuerdo internacional plantea asimismo un trato preferente hacia los artistas y otros profesionales de la cultura de los países periféricos, así como sus obras y servicios culturales.

La Convención acude también a la necesidad de la cooperación internacional en situaciones de grave peligro para las expresiones culturales.

Fuente: Télam