Fuentes judiciales informaron que los codenunciados junto a Jaime han sido su subsecretario, Jorge González; al ex director del Organo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti; y al jefe de la Policía santafecina al momento de producirse los hechos, comisario Jorge Pallavidini.

A los cuatro funcionarios los responsabilizaron por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" porque según entienden, no ejercieron el control vehicular ni la seguridad vial a las que estaban obligados como autoridades del área.

La denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli, representante de las familias de los siete estudiantes y la docente fallecidos en la ruta nacional 11, el 8 de agosto de 2006 en la localidad santafesina de Margaritas, y recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Los denunciantes señalaron que el camión Fiat patente ADL671 conducido por Angel Ernesto Soto transitó a lo largo de 400 kilómetros "en permanente zigzgagueo" porque el chofer manejaba "absolutamente alcoholizado" y, remarcaron, "sin embargo ninguna autoridad policial advirtió la situación ni la controló".

Finalmente el vehículo de cargas impactó contra el omnibus de la empresa "Godoy" a bordo del cual viajaba el grupo de "Ecos", que venía de realizar tareas solidarias con escuelas rurales en el nordeste del país, y a consecuencia del choque en total murieron doce personas.

Entre ellas, los alumnos Benjamín Bravo de la Serna, Daniel Carla D’Agostino, Federico Ecker, Julieta Giataganellis, Nicolás Kohen, Lucas Levín, Julieta Hartman y la profesora Mariana Boye.

Para los denunciantes Pallavidini "incumplió las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de control vehicular" y no se encargó del "control sobre aquellos que directamente debían aplicar la normativa vigente en materia de seguridad vial".

Mientras que a Jaime, González y Uberti los responsabilizaron por no haber dado cumplimiento a funciones específicas de la Secretaría de Transporte, tales como la "supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia.

Finalmente, opinaron que casos como este "no ocurrirían si se efectuara un control adecuado sobre las concesionarias de los servicios viales" que a su criterio "no tomaron medida de seguridad alguna permitiendo el tránsito de un conductor alcoholizado, en zigzag, durante más de 400 kilómetros, sin efectuar, aunque más no fuera, una denuncia policial".