La decisión de la sala II del tribunal de apelaciones recayó sobre Francisco Montiel, Isidro Naranjo y Hugo Escalada, los dos primeros con prisión preventiva dictada por el juez del caso, Marcelo Martínez Giorgi, según la resolución.

Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah consideraron que hay prueba suficiente para que los tres sean sometidos a un futuro juicio oral por "estafa en concurso real con extorsión de documentos y coacciones".

La investigación se inició a raíz de una "serie de irregularidades cometidas en el trámite de jubilación del personal del Movimiento Estibadores Portuarios de Pie", recordó la Cámara en su fallo.

A los trabajadores se les exigía mediante "engaños o intimidaciones" la entrega de sumas de dinero a cambio de obtener la certificación de servicios que les abría la puerta al beneficio previsional.

Montiel era secretario general de la agrupación, mientras que Naranjo y Escalada se desempeñaban como miembros de la comisión.

A todos se les imputa haberse "aprovechado de la función relevante" que quedó a su cargo, confeccionar el padrón de beneficiarios de la jubilación, para "obtener indebidamente de parte de los integrantes de la agrupación que representaban una parte considerable de la jubilación o reajuste que cobrarían", destacó el fallo.

Para ello habrían impuesto condiciones de inclusión de trabajadores en los listados que debían presentarse para gestionar el beneficio previsional.

"La primera condición era concurrir a las reuniones de la agrupación gremial, en las que se controlaba la asistencia y efectuar la tramitación a través de ellos", enumeró la Cámara.

Pero "lo más relevante penalmente era que se les hacía firmar, conjuntamente con la documentación, pagarés con el monto en blanco para asegurarse el futuro cobro una vez que se acordara el beneficio".

"Se demostró que se les exigía el monto de tres haberes, tal como surge de la mayoría de las testimoniales y de los modelos de convenios de honorarios que, en un principio, se habrían utilizado en la maniobra", se resaltó en la resolución.

Si no se cumplían las exigencias, no se incluía a los trabajadores en los padrones o se realizaban anotaciones junto a su nombre como "freezer", "no pagó", "lista negra", de acuerdo a documentos secuestrados en la causa.

Otros casos se les requería mas cantidad de haberes con la finalidad de que la tramitación saliera mas rápido o el total del retroactivo.

"Se ha comprobado que Montiel tenía injerencia en el Estado y aceleración de los expedientes", concluyó la Cámara.

Además, también se dio por "demostrado" que para cobrar luego de otorgado el beneficio, se valían del pagaré firmado en blanco y también de "amenazanas, llamados a altas horas de la noche o visitas a domicilios con amenazas de golpes o muerte.

Fuente: Télam