Mié 06.02.2008

18:04  › FRANQUICIAS DIPLOMÁTICAS

La causa de los autos de lujo volverá a Oyarbide

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, afirmó que aún no se puede "determinar la eventual responsabilidad de los diplomáticos extranjeros" y devolvió la causa al juez original, Norberto Oyarbide.

El viernes pasado la Corte dio el primer paso en la investigación de las irregularidades por las franquicias diplomáticas y giró el expediente que llevaba el juez federal Norberto Oyarbide a la Procuración General de la Nación, para que diera su opinión en el caso "con carácter de urgente".

Ahora el jefe del Ministerio Público argumentó que "los elementos de prueba reunidos hasta el presente resultan insuficientes para determinar la eventual responsabilidad de los diplomáticos" extranjeros.

Mientras tanto, en el fuero federal se investiga la actuación de los funcionarios de la Cancillería comprometidos en el caso, el jefe del Departamento de Franquicias, Jorge Matas, y su sucesor, Eduarto Mitchel, ambos desplazados de esa jefatura a raíz del escándalo.

En el fuero penal económico se investiga si se cometió contrabando con las importaciones y el juez de la causa, Jorge Brugo, secuestró anteayer las computadoras del sector franquicias de la Cancillería y reclamó la nómina de todo el personal que trabajaba allí.

Una de esas computadoras es la que estaba en la oficina personal de Jorge Mata, el funcionario que fue separado tras la auditoría interna que hizo la Cancillería y que dio origen a la denuncia judicial.

Según fuentes judiciales, personal técnico del Consejo de la Magistratura también se encargó de separar el back up diario que hacía la Cancillería sobre cada PC, con la intención de poder acceder a los archivos y correos personales de Mata, si la medida fuera requerida.

Brugo también aceptó como querellantes a la Aduana (denunciante original por el delito de contrabando agravado) y a la Oficina Anticorrupción.

Al mismo tiempo se espera que disponga las medidas que había solicitado la fiscal María Luz Rivas Diez al ex juez de la causa, Aguinsky, que implican librar una serie de oficios a la Dirección de Tránsito del Gobierno de la Ciudad, compañías de seguros y empresas satelitales.

La fiscal quiere saber quién pagaba los seguros y las eventuales multas que se hayan labrado, para saber quiénes eran los reales dueños.

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